La fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, explicó que el gobierno de Kenia se negó a entregar pruebas vitales para la investigación sobre la violencia étnica post electoral de 2007 y 2008 en el país africano, que dejó alrededor de mil 200 muertos, y que es atribuida a Kenyatta.

En un escrito de tres párrafos presentado este viernes en la CPI, Bensouda indicó que la evidencia "no ha mejorado hasta el punto en que la presunta responsabilidad penal de Kenyatta puede ser probada más allá de la duda razonable" .

El retiro de los cargos llegó dos días después de que el tribunal dio una semana de plazo a la Fiscalía para decidir si continuaría o no el caso contra el presidente keniano, pues ante las múltiples solicitudes de información la cooperación de Nairobi fue casi nula.

La fiscal indicó que el hecho de que Kenia no haya colaborado tuvo un "impacto severo" sobre el caso, socavó la investigación, impidió a los jueces determinar y valorar los acontecimientos y privó a las víctimas de su derecho de conocer la verdad.

La decisión fue celebrada por Kenyatta, quien siempre negó los cargos y desde Nairobi afirmó esta tarde que se sentía reivindicado porque su "conciencia está absolutamente limpia" y lamentó que el caso haya sido llevado a la CPI sin la debida investigación.

En tanto que el abogado de las víctimas, Fergal Gaynor, declaró que el gobierno keniano hizo todo para obstaculizar el caso. "Francamente las víctimas trataron de obtener justicia en Kenia, pero fracasaron. La buscaron en la CPI y también fracasaron" , fustigo.

ar