El próximo 16 de octubre se elegirán nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, el órgano más importante del sistema de Naciones Unidas (ONU). La Venezuela de Nicolás Maduro cuenta con el respaldo casi unánime de la región para quedarse con la silla que la Argentina ocupará hasta el 31 de diciembre. Esa posibilidad genera controversia y escándalo entre quienes defienden derechos humanos, que consideran que ese premio es poco menos que una burla al sistema de garantías.

Director de la División para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco es una de esas voces críticas. En diálogo con La Nación no sólo afirma que Venezuela no merece estar allí y que su promoción al Consejo de Seguridad es un riesgo, sino que denuncia la complacencia y la "banalización" de la democracia y de la lucha por los derechos humanos en los gobiernos de la región -entre ellos, el argentino- que apoyan esa propuesta.

-¿¬Por qué le importan los derechos humanos en el Consejo de Seguridad?

-Es el órgano más poderoso del sistema de Naciones Unidas. Sus decisiones son vinculantes, puede autorizar sanciones, misiones de paz e intervenciones militares. Pero su misión principal es mantener la paz, lo que incluye abordar situaciones graves de violaciones de derechos humanos. Es indispensable que sus miembros actúen sin doble rasero.

-¿Qué antecedentes tiene Venezuela en ese terreno?

-Venezuela está en manos de un gobierno autocrático. El poder judicial se ha transformado en un apéndice del Ejecutivo. Más del 80% de los jueces no tienen estabilidad en sus cargos y pueden ser destituidos de la noche a la mañana, sin debido proceso, por el Tribunal Supremo de Justicia, que rechaza el principio de separación de poderes y sostiene que su misión es defender el socialismo bolivariano. Así, es muy difícil proteger los derechos humanos, pues como resultado de años de erosión de las garantías fundamentales hoy no existe en Venezuela ninguna institución democrática independiente capaz de frenar los abusos de poder del gobierno de Maduro.

-¿Qué puede decirse en concreto en materia de respeto por las libertades públicas?
-En cuanto a la libertad de expresión y asociación, la acumulación de poder en el Ejecutivo ha permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos, obligando a periodistas y defensores de derechos humanos a autocensurarse, por lo riesgoso que significa publicar información u opiniones críticas del gobierno. En particular, este año las fuerzas de seguridad detuvieron y maltrataron brutalmente a miles de manifestantes opositores al gobierno, en algunos casos cometiendo actos de tortura claramente documentados. Al día de hoy no hay ningún sancionado por estos graves hechos.

-Así y todo, es candidata al Consejo de Seguridad.

-Los antecedentes de Venezuela en la materia son deplorables. Es algo que los gobiernos
latinoamericanos que creen en la democracia y los derechos humanos deberían tener en cuenta.

Aunque si fuera sólo por esto, habría una larga lista de países que no calificarían. En el caso de
Venezuela no es solamente eso. Hay otras dos razones. En primer lugar, es un gobierno que rechaza sistemáticamente la protección internacional de los derechos humanos de sus ciudadanos. Ha llegado, incluso, a denunciar el principal tratado de derechos humanos regional y a bloquear el acceso a la Corte Interamericana.

Tampoco ha permitido en la última década el ingreso al país de organismos de derechos humanos por considerarlo una injerencia en sus asuntos internos. En segundo término, y esto no es menor, desde aquellas instituciones internacionales en las que Venezuela ha participado, ha ejercido su poder para proteger a los peores violadores de derechos humanos del planeta. Es decir, estamos ante un gobierno que con total cinismo busca un lugar en el Consejo de Seguridad -encargado, entre otras cosas, de promover la paz y los valores universales de respeto a la persona humana-, a pesar de no creer en la defensa internacional de los derechos humanos, ni en las garantías básicas propias de un sistema democrático.

-¿En qué casos Venezuela respaldó a gobiernos abusivos?

-En múltiples. Por ejemplo, ha votado constantemente en contra de resoluciones de Naciones Unidas que condenan prácticas terriblemente abusivas en países como Corea del Norte, Myanmar, Irán o Siria. También ha respaldado públicamente al dictador sirio Bashar al-Assad, y defendió a Khaddafy cuando gobernaba Libia o al entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Además, distinguió a cada uno de estos dictadores con la Orden del Libertador, la máxima condecoración oficial otorgada por Venezuela. Además, su principal aliado político en América latina es Cuba, cuyo gobierno se destaca por tener el peor récord regional de represión a la discrepancia política.

-Usted dijo que las democracias latinoamericanas deberían tener en cuenta estos antecedentes. ¿Eso ocurrió?

-Para nada. Resulta decepcionante que la negociación para apoyar la candidatura de Venezuela se haya dado este año, justamente en medio de la peor crisis de derechos humanos del país en muchísimos años. Esta decisión me parece una enorme irresponsabilidad de los gobiernos de la región, aunque no me sorprende dada la banalización que se ha ido imponiendo en los últimos años frente a los compromisos colectivos de defensa de la democracia, los derechos humanos, la independencia del poder judicial y la libertad de expresión, entre otros valores universales.

-¿En que se basa para sostener que en la región hay un proceso de "banalización" de la democracia y los derechos humanos?

-Pongo un solo ejemplo, de enorme gravedad. Desde el fin de la Segunda Guerra, a raíz de los horrores del nazismo y el fascismo, la comunidad internacional acordó que los derechos de las personas estaban por encima del Estado. Y a finales de la década del 90 los países de América latina, como reacción a las dictaduras y a los conflictos armados, acordaron que la manera de garantizar los derechos humanos era mediante el sistema democrático.

En la reciente reunión de la Celac en La Habana, estas mismas naciones, impulsadas por países como Venezuela, acordaron todo lo contrario: defender el derecho "inalienable del Estado a elegir su sistema político", sin reconocer primero los límites y obligaciones que este tiene frente a la persona humana, cuyos derechos fundamentales si son inalienables. Y en la declaración final se comprometieron solemnemente a jamás intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro Estado, escudándose en el añejo concepto de una absoluta soberanía nacional.

Esto es un golpe certero a la línea de flotación del derecho internacional de los derechos humanos y a la Carta Democrática Interamericana, cuya razón de ser es la protección universal de la dignidad humana por encima de las fronteras y de la voluntad autoritaria de los gobiernos de turno. Esta grave declaración refleja nítidamente la posición de países como Venezuela. Evidentemente es un retroceso histórico en favor del totalitarismo y en perjuicio de la protección de la democracia y los derechos humanos.

-¿Cuál ha sido el papel de Unasur, que ha estado más cerca de Venezuela durante el diálogo entre gobierno y oposición?

-El diálogo promovido por Unasur no ha servido de mucho. Es más, pone en entredicho la credibilidad del organismo dado que durante los pocos encuentros que sus representantes sostuvieron en Caracas no protestaron de manera clara por las graves denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad y la complicidad de jueces y fiscales en lo que estaba ocurriendo. Estos gobiernos están faltando a los principios que ellos mismos suscribieron en el Tratado Constitutivo de Unasur de 2008, que dice que la integración se funda en principios de "democracia" y "derechos humanos", y que el respeto "irrestricto" de estos derechos y la vigencia de las instituciones democráticas son "condiciones esenciales". Da la impresión de que este lenguaje es simplemente letra muerta.

-¿Cuál cree que sería el aporte de Venezuela al Consejo de Seguridad?

-La conducta de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nos permite anticipar cuál será la posición de Maduro en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Derechos Humanos ha votado constantemente para evitar la fiscalización internacional de aquellos países responsables de las más graves violaciones de derechos humanos, pero que son sus aliados estratégicos. Es un excelente ejemplo de doble rasero.

Concretamente, Venezuela votó en contra de resoluciones que condenaban atrocidades en Corea del Norte, Siria, Irán, Sri Lanka, Bielorrusia y Ucrania. Esta práctica descalifica a Venezuela como un candidato responsable y serio a una instancia internacional que tiene la responsabilidad de enfrentar conflictos, así como decidir cómo deben castigarse violaciones masivas y crisis humanitarias en todo el mundo.

-Llama la atención que la diplomacia venezolana tenga siempre una visión de posibles conspiraciones. ¿De qué manera esto puede impactar en su concepción de la política en la tarea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

-El gobierno venezolano ya hace muchos años esboza todo tipo de teorías conspirativas, habitualmente para desviar la atención de problemas que legítimamente son planteados por la sociedad civil, periodistas o la oposición.

Un ejemplo claro de esto es el proceso penal contra el líder opositor Leopoldo López, que está detenido en una prisión militar por supuestamente ser responsable de los incidentes violentos ocurridos en el marco de una protesta el 12 de febrero. Es un juicio kafkiano, en el cual la fiscalía no ha presentado pruebas creíbles en su contra y los jueces no le dejan a su defensa presentar evidencias a su favor.

En este caso, el gobierno usó las habituales teorías conspirativas para avanzar con un proceso plagado de irregularidades y en desmedro de derechos básicos. Es difícil imaginar cómo un gobierno que hace eso y con el récord internacional que he descrito, pueda tener una actuación digna y responsable en el Consejo de Seguridad.