Las "Acciones Ejecutivas de Responsabilidad por la Inmigración" del presidente Barack Obama buscan ayudar a asegurar la frontera y frenar la deportación de cinco millones de migrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.

De acuerdo con un documento difundido hoy por la Casa Blanca, las acciones incluyen:

- Creación de un nuevo programa de acción diferida para frenar las deportaciones de personas que son padres de ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales (LPRs) y han vivido en Estados Unidos por cinco años. Beneficiará a 4.1 millones de indocumentados.

- Las personas podrán solicitar la cancelación temporal de órdenes de deportación y la obtención de permisos de trabajo con vigencia de tres años si proporcionan toda su información, presentan datos biométricos, se confirma que no tienen antecedentes penales y pagan impuestos.

- Ampliación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para que cubra a más inmigrantes que vinieron a Estados Unidos siendo pequeños, incluidos aquellos que entraron a Estados Unidos antes de 2010. Se estima beneficiará a 270 mil personas.

- La protección del programa DACA se otorgará por tres años. Actualmente beneficia a unos 600 mil jóvenes indocumentados.

- Ampliación de la política existente para proporcionar alivio a los cónyuges y niños de ciudadanos de Estados Unidos que tratan de enrolarse en unidades militares, consistente con un pedido efectuado por el Departamento de Defensa.

- Deportación de recién llegados. Toda persona que intente cruzar la frontera de manera ilegal será capturado y enviado de regreso a su país. Se centralizará el mando y control de la seguridad fronteriza para seguir reprimiendo la inmigración ilegal.

- Deportación de personas que ponen en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública. La nueva prioridad es la deportación de cualquier sospechoso de terrorismo, criminales violentos, miembros de pandillas, y a aquellos que hayan cruzado la frontera recientemente.

- Reasignación de recursos a la frontera y a personas que han cruzado la frontera recientemente.

- Un nuevo Plan de Campaña de la Frontera Sur que fortalecerá los esfuerzos de las agencias que trabajan para mantener nuestra frontera segura.

- Creación de un paquete de reformas para los tribunales de inmigración que abordará la lista de casos pendientes para decidir más rápidamente los casos de las personas que cumplen con las prioridades nuevas del DHS y cerrar los casos de las personas de menor prioridad.

- El Departamento de Justicia implementará las regulaciones que adopten las mejores prácticas para los sistemas judiciales en un esfuerzo por usar las horas limitadas de juicios de la forma más eficaz posible.

- Protección a las víctimas de delitos y tráfico de personas, así como los trabajadores, a través de la expansión las opciones de inmigración para las víctimas de delitos (visados U) y de tráfico de personas (visados T) que cooperen con investigaciones del gobierno.

- Un grupo de trabajo formado por varias agencias también investigará cómo asegurar que los trabajadores puedan hacer uso de sus derechos laborales y de empleo sin miedo a represalias.

- Deportación de personas que amenazan la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad del público en general. Identificación y expatriación de los delincuentes que se encuentran en cárceles estatales y locales

- Reemplazo del programa de Comunidades Seguras existente con un nuevo Programa de Aplicación Prioritaria de la Ley (PEP) para deportar a aquellas personas que han sido condenadas por delitos graves.

- Creación de un mecanismo que exija a determinados inmigrantes indocumentados someterse y aprobar una investigación de antecedentes penales para garantizar que comiencen a pagar los impuestos que les corresponde.

- Autorización portátil de trabajo para trabajadores muy capacitados que esperan el estado LPR y sus cónyuges.

- El Departamento de Seguridad Nacional emitiránormas nuevas para dar autorización de empleo a ciertos cónyuges H-1B siempre que el cónyuge H-1B tenga una solicitud LPR aprobada.

- Ampliación de las opciones de inmigración para empresarios extranjeros que cumplan con ciertos criterios para la creación de empleos, atrayendo la inversión, y generando ganancias en Estados Unidos.

- El criterio incluirá límites de ganancias para que estas personas no sean elegibles para ciertos beneficios públicos como asistencia social o créditos impositivos bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

- Ampliación y extensión del uso del programa existente de Capacitación Práctica Opcional (OPT) y exigirá lazos más fuertes entre estudiantes de OPT y sus escuelas universitarias y universidades después de la graduación.

- Nueva guía sobre las visas provisionales L-1 para trabajadores extranjeros que se transfieren de la oficina extranjera de una empresa a su oficina en Estados Unidos.

- El Departamento de Trabajo tomará medidas regulatorias para modernizar la prueba del mercado laboral que se exige de los empleadores para patrocinar a trabajadores extranjeros para visas de inmigración.

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