BUENOS AIRES.— El vicepresidente argentino, Amado Boudou, fue interrogado ayer por más de seis horas en los tribunales federales, por el juez Ariel Ligo, que investiga su presunta participación en la compra ilegal de una empresa que imprime papel moneda, en el mayor escándalo por corrupción en el gobierno de Cristina Kirchner.

Boudou llegó al edificio de los tribunales en medio de un gigantesco operativo de seguridad, reclamado por el magistrado, y fue recibido por un millar de militantes que concurrieron para expresarle su apoyo, aunque no faltaron las voces que le gritaban “ladrón”, antes de que ingresara al edificio.

Antes de iniciada la indagatoria, Boudou había calificado las acusaciones en su contra como una “falacia, una patraña”.

El vicepresidente es investigado por cargos de apropiación, mediante amigos empresarios, de la imprenta Ciccone Calcográfica, que se dedica a fabricar papel moneda, para que esta firma hiciera negocios con el gobierno del cual forma parte.

De acuerdo con el citatorio judicial, Boudou aprovechó su cargo como ministro de Economía para ordenar el rescate financiero de Ciccone mediante facilidades para el pago de deudas impositivas. Según la acusación, Boudou se quedó con 70% de las acciones y logró que la firma obtuviera contratos millonarios para imprimir billetes y boletas electorales del oficialista Frente para la Victoria.

Temen acusación de cohecho

Hasta ahora, el delito que se achaca a Boudou es el de “negociaciones incompatibles con su función”, aunque la carátula del caso puede cambiar a algo más grave como “cohecho”, en cuyo caso avanzará la presión opositora para que un juicio político lo destituya.

Ayer, el juez federal lo recibió con la mala noticia de que la Cámara Federal, instancia a la que había acudido la defensa de Boudou para que fueran desechados los testimonios de Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwik —uno de los dueños y el yerno de la empresa Ciccone Calcográfica que Boudou habría adquirido a través de testaferros— decidió que ambos son válidos.

En dichos testimonios se incrimina directamente al vicepresidente, quien en la víspera, había sido defendido con vehemencia por el ministro de Economía, Axel Kicilloff, de la misma manera que días pasados lo había respaldado la presidenta, Cristina Kirchner.

“Mi declaración, que deberé ampliar la vamos a colgar de la página en Facebook”, explicó Boudou al salir de los tribunales. El funcionario estaba citado por el juez Lijo para el próximo 15 de julio, pero pidió declarar espontáneamente, ante la presión mediática y de opinión pública que genera su situación.

“Se explayó suficiente”

Fue así que fue citado para ayer en el juzgado donde, acompañado por sus defensores, habló de los temas más urticantes de la investigación, como la participación en la trama de la empresa Bold y de la familia Ciccone. “Primero se negaba a responder preguntas y en las últimas horas se explayó lo suficiente”, sostuvo una fuente del juzgado consultada por EL UNIVERSAL, quien advirtió que de resolver ayer la situación procesal del vicepresidente, no quedaría detenido ya que se debe abrir un proceso de juicio político en el caso de que sea procesado.

Otra de las malas noticias que recibió Boudou en sus primeras horas en el juzgado es que no podía grabar la sesión como le había pedido al juez oportunamente.

Antes de dirigirse al juzgado declaró en un radio que “vale la pena dar todas estas peleas para poner las cosas blanco sobre negro”.

“Mi intención siempre fue no involucrar a nadie. El ataque está centrado en mí, se tiene que resolver en mí, porque yo tengo la verdad...”, acotó Boudou, quien se encuentra en una situación cada vez más comprometida y que en las próximas horas, según voceros del juzgado, se definiría procesalmente. (Con información de agencias)