WASHINGTON.— En medio de una intensa batalla en el Congreso, una coalición de organizaciones humanitarias, sindicales y religiosas emprendió ayer una contraofensiva para evitar que los republicanos logren vincular cambios a la ley que protege a los niños indocumentados de Centroamérica a los más de 3 mil 700 millones de dólares que ha demandado el presidente Barack Obama para sortear la crisis.

“Es muy decepcionante que congresistas demócratas como Henry Cuellar hayan decidido sumar fuerzas con el senador republicano, John Cornyn, para agilizar la deportación de los niños”, consideró Frank Sharry, de la organización America’s Voice, en alusión a la iniciativa de ley que busca agilizar la deportación de los menores de Centroamérica.

A su vez, Kevin Appleby, director de políticas migratorias de la Conferencia de Obispos Católicos, pidió a la administración y al Partido Republicano hacer caso del llamado a favor de la compasión del papa Francisco en favor de los menores de edad que han comenzado a ser deportados.

El pulso de estas organizaciones se produjo el mismo día en que Cuellar y Cornyn introdujeron su iniciativa para facilitar la deportación de los menores. La iniciativa, bautizada irónicamente como “Acta Humana”, ha sido duramente cuestionada por demócratas que han advertido contra la tentación de legislar con prisas para solucionar el problema.

“Los derechos legales que se les reconocen a los niños centroamericanos se alinean con instintos humanitarios de Estados Unidos”, aseguró uno de los líderes de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, al insistir en la necesidad de aprobar los fondos de emergencia sin ataduras.

“La situación en la frontera es una crisis de refugiados que requiere una respuesta humanitaria, legal y no debe ser politizada”, consideró a su vez el líder del poderoso sindicato AFL-CIO, Richard Trumka.

“Hacemos un llamado a los líderes nacionales y comunitarios para responder a la crisis de una manera que cumpla con las obligaciones de EU y el derecho internacional. Se trata de garantizar el debido proceso y proporcionar los recursos adicionales necesarios para garantizar el tratamiento de los niños de forma humanitaria y justa”, añadió.

La Casa Blanca dijo ayer que la deportación el lunes de un grupo de 38 mujeres y niños hondureños es un mensaje claro de que el presidente Obama habla en serio cuando dice que los inmigrantes ilegales serán devueltos a sus países.

Los indocumentados “enfrentarán un debido proceso, pero no serán recibidos en este país con los brazos abiertos”, recalcó el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest. (Con información de agencias)