WASHINGTON (Agencias).— Estados Unidos ordenó ayer a Siria suspender las operaciones de su embajada en Washington, en represalia por las “atrocidades” cometidas por el régimen del presidente Bashar al-Assad contra su población.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Daniel Rubinstein, señaló que la notificación abarca asimismo los consulados honorarios de Siria en la ciudad de Troy, en el estado de Michigan, y en la ciudad de Houston, en Texas.

“Luego del anuncio de la embajada siria de que suspendía sus servicios consulares, y en consideración de las atrocidades cometidas por el régimen de Al-Assad contra el pueblo sirio, hemos decidido que es inaceptable que individuos designados por el régimen conduzcan operaciones diplomáticas o consulares en Estados Unidos”, señaló.

El Departamento de Estado subrayó que los funcionarios sirios que no sean residentes permanentes o ciudadanos de EU deberán abandonar territorio estadunidense. “A pesar de las diferencias entre nuestros gobiernos, Estados Unidos continúa manteniendo relaciones diplomáticas con el Estado de Siria”, aclaró Rubinstein.

La decisión de la administración del presidente Barack Obama tuvo lugar al cumplirse el tercer aniversario de lo que Estados Unidos calificó como la “revolución siria” .

Investigaciones de la ONU han identificado unidades militares y organismos de seguridad, además de grupos insurgentes sospechosos de cometer abusos, dijo Paulo Pinheiro, responsable de la unidad internacional de investigación, al Consejo de Derechos Humanos.

Cuatro listas confidenciales de sospechosos de ambas partes han sido redactadas hasta la fecha y contienen nombres de “personas penalmente responsables de la toma de rehenes, tortura y ejecuciones”, dijo. “También contiene nombres de divisiones de inteligencia y centros de detención donde los arrestados son torturados, nombres de mandos militares que tienen a civiles como objetivo y grupos armados implicados en el ataque y desplazamiento de civiles”, añadió.

El equipo independiente de más de 20 investigadores, creado en septiembre de 2011, incluye a la ex fiscal de crímenes de guerra de la ONU, Carla del Ponte, quien busca que el Consejo de Seguridad remita esta situación al fiscal de la Corte Penal Internacional, una petición respaldada ayer por Reino Unido, la Unión Europea, Francia y Suiza.