Al tiempo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) declararon un alto el fuego unilateral, el gobierno y la guerrilla colombiana alcanzaron ayer en Cuba un acuerdo en el tema de las drogas ilícitas, uno de los más complejos de la agenda de paz que ambas partes esperan resolver para poner fin a un conflicto armado de casi medio siglo de existencia.

El presidente Juan Manuel Santos calificó anoche el acuerdo de “una muy buena noticia no sólo para Colombia sino para toda la región y para el mundo entero”. “Esto es lo más lejos que se ha llegado en el camino para terminar nuestra guerra”, añadió. Cuba también expresó su beneplácito.

“Estamos conformes y esperamos que lo que queda del cronograma se desarrolle por los mismos andariveles”, expresó uno de los negociadores del gobierno desde La Habana.

En un comunicado conjunto se estableció que se va a intensificar la erradicación manual y las FARC se comprometieron a acabar con cualquier relación con el narcotráfico y a desminar campos en los que están los cultivos. “El compromiso de las FARC es contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas a la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión y en razón del conflicto, se hubiese presentado con este fenómeno”.

“El gobierno nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar”, agregó.

Humberto de la Calle, jefe negociador del equipo de gobierno en los diálogos, afirmó que el objetivo de este acuerdo alcanzado es “liberar a Colombia de cultivos ilícitos y de la producción de cocaína”, a través de la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. El acuerdo sobre este tema aparecía como uno de los más difíciles de lograr; ahora, cuando queda aún pendiente la mitad de la agenda con la que comenzaron las negociaciones hace 18 meses, lo que se destaca es el tema de la reparación a las víctimas y la administración de justicia, en un conflicto en el cual la violación de derechos humanos estuvo siempre a la orden del día.

Ya por la mañana las FARC, junto con el guevarista Ejército Nacional de Liberación (ELN), habían anunciado una tregua unilateral entre el 20 y el 28 de mayo para que las elecciones presidenciales tengan lugar con tranquilidad. “Ordenamos a todas nuestras unidades cesar cualquier acción militar ofensiva contra las Fuerzas Armadas del Estado o la infraestructura económica, a partir de las 00:00 horas del martes 20 de mayo, hasta las 24.00 horas del miércoles 28 de mayo”, señaló el comunicado conjunto firmado por los comandantes de ambas organizaciones armas, “Timochenko” y Nicolás Rodríguez (“Gabino”).

Sin embargo, el gobierno de Santos descartó responder con un cese el fuego por parte de las por parte de las Fuerzas Militares de Colombia. “Cada vez que se han hecho ceses bilaterales lo que significa es un fortalecimiento de los grupos armados”, aseguró el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien aclaró que a los miembros de la guerrilla no se los persigue por pertenecer a esa agrupaciones sino por “terrorismo, narcotráfico, reclutamiento de menores, violación, homicidio”. (Con información de agencias)