CARACAS (Agencias).— Las protestas contra el gobierno venezolano recrudecieron ayer en el este de Caracas, después de que grupos radicales simpatizantes del oficialismo atacaron a manifestantes en la Universidad Central de Venezuela (UCV), lo que dejó al menos siete heridos.

Autoridades y estudiantes de la UCV denunciaron que los llamados colectivos, grupos armados afines al gobierno, atacaron en el campus a estudiantes que intentaban realizar una manifestación que fue impedida por un cordón policial y disuelta con gases lacrimógenos. El líder estudiantil de la UCV, Juan Requesens, denunció que los “colectivos” golpearon y asaltaron a varios estudiantes y a por lo menos tres periodistas que cubrían los sucesos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa dijo que una periodista del canal Globovisión fue hospitalizada tras ser golpeada por una bomba lacrimógena disparada por la policía.

Un estudiante fue atendido en el hospital universitario por los golpes que sufrió y en las redes sociales circularon fotografías de la actuación de los grupos armados. El secretario de la UCV, Amalio Belmonte, dijo que en una escuela fueron desnudados varios estudiantes, tras golpearlos y robarlos.

Mientras desde afuera la policía disparó gases lacrimógenos, adentro los grupos paramilitares asaltaron a los jóvenes, señaló Belmonte. Horas después, la protesta resurgió en el municipio Chacao, en el este de la ciudad, donde los manifestantes secuestraron un camión con escombros, que vaciaron cerca de la Plaza Altamira para hacer una barricada.

El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, dijo que las estaciones del Metro cercanas fueron cerradas; la policía disparaba gases lacrimógenos y arrestó a varios de los manifestantes.

En el vecino municipio de Baruta se repitieron las protestas, que a la vez provocaron una movilización de tropas y carros blindados hacia zonas residenciales que han sido estremecidas en los últimos días por los desórdenes.

El diario El País dio a conocer en su edición de ayer que el gobierno español ha suspendido “cautelarmente y por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios a Venezuela, ante la espiral de violencia” que vive el país.

La organización defensora de derechos humanos Provea advirtió que los ataques generalizados de la Guardia Nacional y la Policía Nacional con grupos paramilitares pueden llegar a ser competencia de la Corte Penal Internacional.

En este contexto, el presidente Nicolás Maduro aseguró que existe un sector de la oposición que tiene un plan secesionista para que seis de sus 23 estados se vuelvan autónomos y apuntó que actualmente se realiza una investigación sobre esa iniciativa.

Según Maduro, y las pruebas que dice poseer, los opositores que siguen ese plan utilizan las barricadas que se han colocado en diferentes puntos del país como forma de protesta contra su gobierno, “para que la gente se sienta obstinada y esté de acuerdo con separar ese estado de la república”.

Indicó que aunque parezcan “loquitos”, se trata de “una amenaza” real.

El presidente dijo que los manifestantes que participan en las protestas opositoras con la intención de “incendiar al país” son “la minoría de la minoría”.

Ayer mismo, Maduro firmó un decreto por el que crea el Consejo de Derechos Humanos, que estará integrado por 15 personas, la mayoría altos funcionarios, para investigar “todos los sucesos” registrados desde febrero.