Finalmente Obama se decidió por favorecer a millones de migrantes que deambulan en las sombras. Si bien no es una decisión sin precedente, sí constituye la más importante históricamente, al menos en términos numéricos: 4.4 millones de indocumentados dejarán de temer la amenaza de la deportación y podrán incorporarse más o menos formalmente al American Way of Life. Tanto Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan y George W. H. Bush utilizaron sus facultades ejecutivas, sin necesidad de que concurriera el Congreso, para otorgar a inmigrantes ilegales un status legal casi total que les permitió vivir en Estados Unidos y ver como sus hijos se volvían ciudadanos de ese país.

Ahora Obama da un paso adelante que no pudo ser más amplio por la cerrazón de los republicanos, pronto mayoría en las dos cámaras, que llevan años negando sistemáticamente la posibilidad de una ley integral. La orden ejecutiva que ayer expidió el presidente no otorgará ciudadanías, ni residencias permanentes, sino permitirá a los indocumentados permanecer en ese país y no temer deportaciones. Autoriza a los padres indocumentados que tengan hijos ciudadanos o con residencia permanente (green cards) y que hayan residido en Estados Unidos durante cinco años, sin antecedentes penales y hayan pagado impuestos, a permanecer temporalmente. También brindará apoyo a los trabajadores ejemplares, graduados y emprendedores.

Como sucede con algunas políticas públicas, las medidas fueron mal recibidas por los demócratas y por los republicanos. Unos las consideran insuficientes, otros las estiman fuera del marco constitucional. Los liberales más radicales quedaron insatisfechos, pues consideran que faltó otorgar a los inmigrantes los beneficios en materia de salud y seguridad que otorga la ley de salud (Affordable Care Act).

Por el lado republicano se avizora la preparación de una batalla legal y se augura la imposibilidad de concretar el anhelado Acuerdo Migratorio traducido en ley federal. Ted Cruz, el senador texano y aspirante a un boleto presidencial, en la próxima elección, había advertido antes del anuncio presidencial en un artículo publicado en Politico, (una página Web), que el presidente actuaría con las tácticas de un monarca.

En el mismo sentido el líder de la mayoría en el Congreso y el Vocero de la Cámara, John Boehner, siguió esta crítica al decir que el presidente Obama no es rey ni emperador, pero que actuaba como tal y que se había situado fuera de la ley. “Perdió la poca credibilidad que le quedaba”, señaló.

Otro republicano extremo, Greg Abbott, el próximo gobernador de Texas, declaró enfático que Texas cerraría su frontera con México para evitar la llegada de indocumentados. No escuchó que las medidas ejecutivas están destinadas exclusivamente a quienes tienen cuando menos cinco años de vivir en Estados Unidos.

Se avizora una contienda legal que corresponderá resolver a la Suprema Corte. Así como lo hizo recientemente con la infausta Ley Arizona en que votó a favor del gobierno federal y en contra de esa disposición discriminatoria. En las últimas décadas la Suprema Corte de Estados Unidos ha jugado un papel relevante en establecer reglas relacionadas con la forma en que los migrantes pueden acceder a ese país, permanecer en él y hasta beneficiarse del sistema de seguridad social y bienestar. Por un lado los liberales pelearán por mayores beneficios para los inmigrantes que comprenden las medidas adoptadas por el presidente y los republicanos, por su parte, tratarán de obstaculizar estos beneficios argumentando el exceso en las facultades constitucionales del presidente.

La Suprema Corte tendrá, como en otras tantas cuestiones, la última palabra.

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