WASHINGTON.— En una semana en la que Estados Unidos conmemora el 50 aniversario de la firma del Acta sobre Derechos Civiles, el presidente Barack Obama anunció una serie de ordenes ejecutivas que serán firmadas esta semana para presionar a favor de un aumento del salario mínimo, al tiempo que aumengan las críticas por su política migratoria desde varios frentes.

La ofensiva de Obama coincide con la aprobación ayer en el Senado de una iniciativa para extender los beneficios por desempleo de larga duración durante cinco meses, que debe ser respaldado ahora por la Cámara Baja.

La acciones de los demócratas se producen al mismo tiempo que una poderosa coalición de organizaciones defensoras de la comunidad migrante reclaman a Obama su incapacidad o falta de voluntad para cumplir sus promesas en el terreno de los derechos civiles.

Particularmente, en el frente migratorio donde la Casa Blanca no ha logrado frenar el ritmo de las deportaciones. “Si el Congreso ha sido incapaz de actuar, el presidente debería actuar en función de sus poderes para detener el castigo que están sufriendo miles de familias”, aseguró Frank Sharry, de America´s Voice.

Ayer mismo, un nuevo reporte confirmó que la mayoría de los detenidos y deportados son personas sin antecedentes criminales cuyo único delito ha sido venir a EU en busca de un mejor futuro.

Según los hallazgos del diario The New York Times durante la gestión de Obama las dos tercera partes de los detenidos y deportados no tienen antecedentes criminales. Sólo 20% —aproximadamente 394 mil personas—, de las personas expulsadas están relacionadas con delitos graves.

“La única forma de salir al paso de esta situación, es conseguir que demócratas y republicanos encuentren un terreno en común y trabajen en serio a favor de una reforma migratoria”, dijo Ali Noorani, de la organización National Immigration Forum.

La Casa Blanca dijo que la cifra récord de deportaciones en el gobierno de Obama se ajusta a criterios de la Oficina de Inmigración y Aduanas .