WASHINGTON.— El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama recibió ayer un nuevo revés de un comité bipartidista independiente para supervisar la privacidad y libertades civiles, el cual desestimó los supuestos logros de los programas de espionaje para contrarrestar la amenaza terrorista y recomendó la suspensión de la recolección masiva de llamadas telefónicas.

Unos días después de que Obama prometiera cambios en la forma en que operan los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), este comité independiente puso en entredicho los supuestos éxitos de los programas de espionaje y denunció el carácter ilegal de unos programas que “plantean graves amenazas a las libertades civiles y a la privacidad”.

“El programa de registros telefónicos carece de un fundamento jurídico viable” y, además, “tiene un valor limitado”, establece el reporte de más de 200 páginas el Comité de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles (PCLOB), una entidad bipartidista que forma parte del Ejecutivo desde el 2007 y que se dio a la tarea de revisar los alcances de los programas de espionaje.

Una mayoría de tres miembros del comité dijo que el gobierno debería poner fin al programa de vigilancia y “purgar la base de datos de archivos telefónicos recabados y almacenados durante la operación del programa”. En su lugar, indicó, la NSA debe solicitar directamente los archivos a las empresas proveedoras de servicios telefónicos mediante las “autoridades legales pertinentes”.

Cabe señalar que este comité es distinto del Grupo de Revisión de Inteligencia y Tecnologías de Comunicaciones que, en diciembre pasado, emitió una serie de recomendaciones para acotar el espionaje telefónico de millones de ciudadanos en EU.

Sin embargo, la Casa Blanca rechazó ayer mismo las conclusiones del comité. “El gobierno cree firmemente que el programa de espionaje es legal”, subrayó Jay Carney.

También Mike Rogers, presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, consideró que el comité se extralimitó en sus funciones. “Estoy decepcionado de que el comité haya dado un paso más allá de su política y su función de supervisión”, aseguró Rogers en un comunicado en el que recordó que los jueces federales ya han declarado legal el programa en docenas de casos.

En tanto, el fiscal general de EU, Eric Holder, se manifestó abierto a “discutir” cómo resolver el estatus del informático Edward Snowden, quien destapó el espionaje masivo de la NSA, pero aclaró que hablar de algún tipo de amnistía “sería ir demasiado legos”. En una ronda de preguntas en internet, Snowden, quien se encuentra asilado en Rusia, dijo ayer que la mejor solución para el gobierno y para él sería que volviera a EU, pero que no lo ve probable. También defendió lo que hizo, diciendo que la vigilancia masiva a la población es inconstitucional y no debe continuar. “Podemos corregir las leyes que limitan el desborde de los servicios y pedir explicaciones a los altos funcionarios que son responsables de estos programas ilícitos” , escribió en la página freesnowden.is, en la que reconoció que “no todo espionaje es malo”. (Con información de agencias)