Se está convirtiendo en costumbre: Uruguay se convierte en noticia por sus nuevas leyes y decisiones, a contracorriente del buena parte del mundo.

Primero fue la legalización de la producción de mariguana y ahora la aprobación por parte del Senado de la medida que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de de cigarrillos —lo que ya provocó un soberano revuelo y ayer fue tema de conversación entre los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y su par uruguayo, José Mujica.

La multinacional del tabaco Phillip Morris demandó de inmediato al Estado Uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD), por 2 mil millones de dólares. Según la empresa, con sede en Lausanne, Suiza, Uruguay violó las condiciones del tratado de inversión bilateral firmado en su momento por los gobierno de Montevideo y Berna.

Esa fue la primera esquirla internacional y económica que recibió el proyecto impulsado por el oficialista Frente Amplio y respaldado desde el Vamos por Mujica. Pero, hacia dentro del país, el debate no es menor, como no lo fue en su momento el de la legalización y regulación de la producción de mariguana.

Para el senador frenteamplista Luis Gallo, uno de los defensores más firmes del proyecto, la medida busca defender “el bien público y la salud” de la población, e incluso “una disminución del consumo más allá de los intereses particulares de la industria”.

La idea de la reforma es restringir la publicidad y quitar de los escaparates las cajas de cigarros. Algo que para muchos no disminuirá el consumo, aunque para el especialista estadounidense John Walsh, consultado en los últimos días por la prensa uruguaya, “lo que hace Uruguay es de un país coherente. Tratan de controlar una industria como la del tabaco que acostumbra a operar con controles escasos y a la mariguana la sacan de la sombra para convertirla en una industria y así someterla a controles estrictos”.

De inmediato, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios salió a cuestionar la iniciativa calificándola de “anticonstitucional” y de preponderar la “prohibición” que “a la postre, terminan en el fomento de actividades ilegales”.

Gallo responde a esas críticas asegurando que lo que busca el gobierno es “la disminución del consumo y para ello esta probado que la publicidad del tabaco aumenta el consumo sobre todo en los jóvenes”.

Los que se oponen a la medida recuerdan que el hecho de que Phillip Morris haya iniciado un pleito contra el país deja a Uruguay en una posición incómoda. “Se trata de una empresa cuyo peso es mayor que el de todo el país”, sostiene el diputado independiente, Daniel Radio, quien si bien estuvo a favor de la regulación del cannabis, critica “que el Estado busque controlarlo todo”.

Phillip Morris, la tabacalera mas importante del mundo, tiene ingresos anuales de 77 mmdd, contra el PIB del Uruguay que ronda los 52 mmdd. Pero para el diputado frenteamplista Jose María Villalta, “los afanes de una multinacional no pueden estar sobre el bien común de la población”.

Sobre las criticas a los fines prohibicionistas de la medida, tanto Villalta como Gallo sostienen que “en Uruguay no se prohíbe fumar ni la venta de cigarros. Lo que se busca es que el tabaco entre en el mismo lugar que la mariguana y el alcohol. Se las considera drogas legales y tiene regulaciones, particularmente en lo que tenga que ver con su comercialización”.

En medio de las posiciones y los debates, de lo que no cabe duda es que Uruguay, el país más pequeño de Sudamérica, desde que Mujica es su presidente, marcar tendencia y va contracorriente.