El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó ayer la recomendación de una comisión de cancilleres de Unasur para designar un “testigo de buena fe” que se encargará de facilitar los diálogos entre el gobierno y la oposición y la creación de un consejo de derechos humanos, al tiempo que el Departamento estadounidense de Estado no descartó sanciones contra el país sudamericano si no se le brinda espacios democráticos a la oposición.

El anuncio de la aceptación por parte de Maduro fue formulado en un comunicado final que acordó una comisión de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y que fue difundido ayer por el organismo regional. En el informe no se ofrecieron más detalles de cómo se designará este “testigo de buena fe” y si será nacional o extranjero.

Al mismo tiempo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo desde Bogotá que se ha creado un grupo de tres cancilleres, a quienes no identificó, para que se inicie un diálogo entre el oficialismo venezolano y la oposición.

“A todos nos interesa que la situación en Venezuela mejore, a todos nos duele Venezuela y queremos que esa situación se normalice”, dijo Santos. “La oposición tenía una serie de condiciones para que ese diálogo se diera, aparentemente el gobierno (de Maduro) anoche (miércoles) aceptó” esas condiciones, agregó.

Los cancilleres de Unasur que visitaron Caracas entre martes y miércoles para enterarse bien de la situación del país, hicieron un llamado a las partes a asumir un compromiso de deponer todas las acciones violentas. “La Comisión ha identificado en sus contactos un firme rechazo de todos los sectores a los lamentables actos recientes de violencia, condenando cualquier tentativa de ruptura del orden democrático y manifestando su compromiso con el respeto de todos los derechos humanos”, dijeron en el comunicado.

Poco antes, el vicepresidente Jorge Arreaza anunció que Maduro aceptó la sugerencia de crear un consejo de derechos humanos “que dependa directamente del Ejecutivo nacional”. Allí se recibirán las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. El organismo estará integrado por representantes comunales, organizaciones no gubernamentales y otros organismos del sector.

Precisamente, la ONG Foro Penal Venezolano informó que presentó a la misión de la Unasur un informe con 59 casos de tortura y casi 2 mil detenciones arbitrarias desde el 12 de febrero pasado, cuando comenzó la ola de protestas contra el gobierno.

Jacobson advierte

El primer indicio serio de que una negociación es posible para resolver un conflicto que ya se cobró la vida de 36 personas, llegó junto con la advertencia de la subsecretaria para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU, Roberta Jacobson, sobre la posibilidad de que su país aplique sanciones sobre Venezuela.

“Ningún país quiere implementar sanciones, pero no podemos decir que no vamos a implementarlas porque quizá llega un momento en que las sanciones, de una manera u otra, son una herramienta muy importante”, explicó la funcionaria. Jacobson aclaró que si “no hay movimiento, si no hay la posibilidad de diálogo, si no hay espacio democrático para la oposición, claro que tenemos que pensar en eso y estamos pensando en eso”.

El gobierno venezolano rechazó, a través de un comunicado, los comentarios de Jacobson, que consideró un intento de “inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país y de desconocer nuestro proceso democrático”.

Las declaraciones de la subsecretaria de Estado constituyen un “incentivo para que los pequeños sectores extremistas que desde hace semanas vienen sembrando violencia y terror en toda la población, prosigan sus prácticas en un camino totalmente fuera de la constitución y el respeto a los derechos de todos los venezolanos y venezolanas”, dijo.

Voceros diplomáticos sudamericanos esperan que la mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición se instale, a más tardar, la primera semana de abril, bajo la égida de los cancilleres de Unasur.

En las últimas horas de ayer se aguardaba la liberación del líder opositor Leopoldo López por parte de la Cámara de Apelaciones, que debía emitir un fallo sobre su situación procesal. Hasta el cierre de esta edición, ello no había ocurrido. (Con información de agencias)