WASHINGTON.— En la lista de tareas pendientes del Congreso de Estados Unidos, que en los próximos días reabrirá sus puertas tras el receso navideño, hay una que reclama prioridad: la una y otra vez retrasada reforma migratoria.

Pocos disputan esa urgencia, ya sea por motivos humanitarios —hay más de 11 millones de indocumentados en el país y las cientos de miles de deportaciones anuales están destruyendo familias enteras— o por mero interés político, en vista de la creciente influencia del voto hispano, que suma ya el 11% del total y seguirá aumentando exponencialmente en las próximas décadas.

“La reforma migratoria sube a lo más alto de los temas pendientes del Congreso”, titulaba al concluir 2013 The Washington Post en un editorial en el que se analizaban las tareas legislativas del año que comienza. Aun así, las perspectivas de que 2014 sea el año en que por fin Estados Unidos cuente con una nueva reforma migratoria que se le ha resistido durante décadas no son demasiado halagüeñas.

Y eso que la mayoría de analistas coincide en que, si no se logra algún tipo de legislación en los primeros meses de 2014, los defensores de una reforma migratoria pueden irse despidiendo ya de cualquier acción de peso al menos hasta que en 2016 se produzca un cambio de gobierno.

El gran obstáculo: las elecciones de noviembre que renovarán un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Porque ellas implicarán que, desde muchos meses antes, gran parte de los legisladores entren en campaña de cara a conservar su escaño o a disputárselo a otro, y a nivel local la migración suele ser un tópico electoral que no siempre es usado en términos positivos, más bien al contrario.

Los comicios de noviembre suponen además prácticamente el comienzo del “lame duck” (pato cojo) de Barack Obama. Así se denomina en EU al último periodo de ejercicio del presidente, un espacio de tiempo en el que impulsar propuestas legislativas se hace más difícil que nunca por la escasa influencia en el Capitolio que tiene un mandatario con un pie ya fuera de la Casa Blanca.

“Todavía hay tiempo, hay tiempo”, recitan cual mantra los principales activistas proinmigración en Washington que en 2013 llegaron a acariciar su objetivo, cuando el Senado aprobó en junio una iniciativa que preveía una vía para la ciudadanía para millones de indocumentados a cambio de un fuerte incremento de la seguridad fronteriza, reclamo constante de los más conservadores.

Pero los que se aferran a algún tipo de acción legislativa en los primeros meses de 2014 son los mismos que habían puesto como fecha límite para una actividad decisiva —es decir, que la Cámara Baja siguiera los pasos del Senado y aprobara algún borrador— el mes de octubre de 2013, que luego pasó a ser noviembre y hasta diciembre. El propio Obama repitió una y otra vez que la reforma migratoria debía estar lista antes de que acabara el año.

Pero nada sucedió, pese a que se multiplicaron las acciones de presión como protestas, marchas y ayunos ante el Congreso. Casi nadie disputa la influencia que un fracaso en materia migratoria podría tener en unas elecciones presidenciales. El voto hispano es estadísticamente cada vez más influyente y todas las encuestas coinciden en señalar la cuestión migratoria como una prioridad de este electorado que no hace más que crecer.

Reputados estrategas republicanos han advertido en los últimos años de que el partido conservador puede irse despidiendo por largo tiempo de la Casa Blanca si, como hizo en 2012, ignora los reclamos del voto hispano en particular y de origen extranjero en general.

En este contexto, la decisión del máximo republicano en el Congreso de EU, John Boehner, de contratar a una reputada asesora en materia migratoria hace pensar que el presidente de la Cámara de Representantes podría finalmente impulsar algunas propuestas de ley migratorias, afirmó ayer The New York Times.

En tanto, los demócratas de Obama no pueden sacar demasiado rédito de una obstrucción ampliamente atribuida a los republicanos porque tienen otra crítica que afrontar: el número récord de deportaciones de indocumentados que han propiciado durante los cinco años en la Casa Blanca, que rondan en total los dos millones y que están provocando dramáticas separaciones de familias en todo el país.