WASHINGTON.— Llegaron con la esperanza de obtener dinero y un ambicioso plan de desarrollo regional para Centroamérica. Se regresaron con las manos vacías y un rosario de vagas promesas.

Bajo el brazo, los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina; de Honduras, Juan Orlando Hernández y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, llegaron a Estados Unidos para su reunión con el mandatario Barack Obama, el viernes, con un bosquejo de un ambicioso plan de rescate que buscaba emular a la Alianza para el Progreso que el presidente John F. Kennedy lanzó en la década de los 60 para ofrecer una oportunidad de desarrollo y una sociedad más igualitaria a millones de personas en el hemisferio.

Algunos de ellos barajaron incluso la cifra de 2 mil millones de dólares para invertir en un horizonte de largo plazo. Pero al final del encuentro, todo quedó en buenos propósitos.

“Al menos nos dejaron poner el plan sobre la mesa”, dijo el guatemalteco Otto Pérez al término de una reunión en la que Obama les demandó poner fin al éxodo de miles de niños que huyen de la violencia y la miseria y que han generado una crisis en la frontera de EU.

“Nos dijo también que de los 3 mil 700 millones de dólares (mdd) que ha solicitado al Congreso para enfrentar la crisis, 295 serán para nosotros”, añadió Pérez Molina, aunque nadie sabe si Obama podrá cumplir esa promesa, considerando la renuencia de una mayoría republicana que de antemano redujo a menos de mil mdd los 3 mil 700 mdd del fondo de emergencia y que los condiciona al envío de la Guardia Nacional a la frontera, así como a realizar cambios a la ley Wilberforce de 2008 (Acta para Proteger a Víctimas del Tráfico de Personas) que protege a menores de edad de naciones no contiguas que llegan a EU.

Obama les habló a los centroamericanos de la posibilidad de implementar un programa de refugiados similar al que ya ha puesto en marcha en países como Haití para aceptar a un reducido número de inmigrantes que podrán aplicar desde sus países de origen para evitar así el peligroso trayecto a través de México. También eso es complicado y, de hacerse realidad, sólo beneficiará a un reducido contingente de personas.

En el comunicado final, las partes se comprometieron también a trabajar por un plan de desarrollo que combata la raíces de la “sangría migratoria”. Eso fue todo.

“Este intento por arrebatar los derechos que se concedieron cuando hubo menos fervor antiinmigrante no es sólo miope y costoso, es antiamericano”, consideró Verónica Escobar, experta en temas de seguridad fronteriza y migración, aludiendo a los intentos por modificar la ley Wilberforce.

“Podemos debatir la conveniencia de proporcionar una mayor protección a los niños centroamericanos que a los niños mexicanos. Pero no puede haber ninguna duda sobre la necesidad de conceder refugio a unos niños que enfrentan una violencia terrible en un país que no puede proteger a sus ciudadanos más vulnerables”, añadió.

Los republicanos exigen, además, enviar un mayor contingente de la Guardia Nacional a la frontera, pese a los más de 18 mil mdd que se invierten cada año para asegurar la zona, el despliegue sin precedentes de más de 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, los vuelos de drones y el reforzamiento del muro fronterizo.

“Es una de las medidas más absurdas porque sólo aumenta los costos de un operativo con evidentes fines políticos y electorales. Los inmigrantes que consigan llegar a la frontera y que huyan de la violencia en Centroamérica, lo último que van a hacer es huir de la Patrulla Fronteriza”, consideró Juan José Gutiérrez, coordinador de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes en Los Ángeles, California.

“Creo que la decisión de desplegar a elementos de la Guardia Nacional es una falta de respeto al gobierno de México que se ha mostrado dispuesto a colaborar con EU para atajar la actual crisis humanitaria”, añadió.