WASHINGTON.— En medio de intensas negociaciones y en una sorpresiva alianza, el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar y el senador por ese mismo estado, el republicano, John Cornyn, adelantaron ayer los términos de una propuesta bipartidista que busca modificar la “Ley Wilberforce” de 2008, que impide expulsar inmediatamente a niños migrantes originarios de países no contiguos a Estados Unidos.

En consonancia con la propuesta, el presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara Baja, Michael McCaul, dijo que la ayuda por 3,700 millones de dólares que demandó el presidente Barack Obama para aliviar la crisis de los niños migrantes debería contemplar cambios a la ley de 2008.

La propuesta de Cuellar deberá enfrentar la resistencias de un considerable sector del Partido Demócrata, preocupado por la adecuación a una ley que podría recortar los derechos humanos de los menores de edad que huyen de la violencia en Centroamérica.

Ayer mismo Honduras recibió al primer grupo de deportados de EU desde que Obama prometió acelerar las remociones. En un vuelo procedente de Nuevo México llegaron a San Pedro Sula 17 mujeres hondureñas adultas, 12 niñas y nueve niños, de edades comprendidas entre 18 meses y 15 años, de acuerdo con el Gobierno de Honduras.

“La legislación que proponemos fortalece la ley actual para proteger a los niños no acompañados y responde a la crisis, mientras que apoya a los hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza. Me gustaría agradecer al Senador John Cornyn por colaborar conmigo en esta legislación y pido a mis colegas en la Cámara y el Senado actuar con rapidez en este proyecto de ley”, dijo Cuellar al presentar la iniciativa, bautizada como “Acta Humana”.

Varios congresistas demócratas que ya se han distanciado de la propuesta advirtiendo que se vulneraría el debido proceso de menores de edad que huyen de la violencia en sus países. En términos generales, la iniciativa establece que todos los casos de menores que llegan sin compañía serían tratados bajo el mismo criterio. Además, establece un plazo de 72 horas para que los menores justifiquen ante un juez de migración una causa legítima para demandar asilo y protección. De no conseguirlo, serán repatriados.

Los niños tendrán 7 días desde el momento en que sean liberados para presentarse ante un juez. Con este fin, la iniciativa demandará recursos para la asignación de 40 jueces que se encarguen de agilizar el proceso.

Además, las personas a quienes sean entregados los niños, deberán pasar por un control de antecedentes y toma de huellas.

Ayer, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que los casos de niños que justifiquen la necesidad de protección y ayuda humanitaria permanecerán en el país. Pero confirmó la posibilidad de apoyar cambios a la ley de 2008. “Queremos que el secretario de Seguridad Nacional (Jeh Johnson) pueda tener la flexibilidad suficiente para repatriar a los individuos que no cumplan los requisitos legales... Ese es el objetivo que queremos ver, ya sea modificando la ley de 2008 o simplemente escribiendo una nueva ley que daría más autoridad y capacidad de decisión” a Johnson. (Con información de agencias)