La Habana.— Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de ese país reanudaron ayer, aquí, sus conversaciones de paz tras superar la crisis por el secuestro de un general del ejército, un suboficial y una civil.

Los representantes de ambas partes arrancaron un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana, reviviendo los esfuerzos para poner fin a medio siglo de violento conflicto.

“Hemos dejado atrás los acontecimientos de las anteriores semanas que generaron las dificultades que el país conoce”, dijo el jefe del equipo negociador del gobierno, el ex vicepresidente Humberto De la Calle, en un comunicado.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió los diálogos de paz luego de que las FARC capturaron al general Rubén Darío Alzate, quien fue liberado semanas después, junto a dos acompañantes.

De la Calle negó versiones según las cuales Santos habría cedido ante supuestos condicionamientos del grupo armado ilegal, como denunció el ex gobernante Álvaro Uribe. Entre las exigencias, según Uribe, estarían que el gobierno deje de llamar “terroristas” a las FARC y que éstas reciban una cantidad de dinero procedente de la minería para sufragar su movimiento político.

Acatarán fallo

En tanto, el gobierno colombiano dijo ayer que “acata y respeta” la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que lo encontró responsable por la desaparición forzada de 11 personas tras la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985 en Bogotá.

“Consecuente con el respeto a los derechos humanos y las decisiones de la justicia internacional, en este caso no habrá excepción. El gobierno cumplirá estrictamente con decisión y la justicia colombiana seguirá con la búsqueda de los responsables”, informó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en un comunicado.

El Palacio fue tomado por asalto el 6 de noviembre de 1985 por el grupo guerrillero M-19 y recuperado al día siguiente en una operación militar, con lo que la corte llamó un “exceso de fuerza”. En esos dos días murieron más de 100 personas, entre ellos 11 magistrados, 22 funcionarios, 11 miembros de la Fuerza Pública y numerosos guerrilleros y civiles; 11 personas fueron dadas por desaparecidas.

Los jueces de la CorteIDH ordenaron al Estado colombiano a “llevar a cabo en un plazo razonable las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos”. Igualmente tendrá que “determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables” de las desapariciones forzadas.

Los familiares de los desaparecidos externaron su esperanza de que el Estado colombiano cumpla el fallo. Agencias