Madrid.— El presidente del gobierno catalán, el nacionalista Artur Mas (Convergencia i Unió) fue acusado ayer por la Fiscalía General del Estado español de haber cometido cuatro delitos al haber organizado una consulta participativa sobre la independencia de Cataluña (noreste de España) el pasado 9 de noviembre (9N), pese a la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional (TC) a petición del gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular).

En su querella, la fiscalía acusa a Mas, a la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, y a la consejera de Educación (se votó en institutos y colegios públicos), Irene Rigau, de los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Ahora el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y dos magistrados —uno de éstos será nombrado ponente—, dictará una resolución para admitir o no a trámite la querella.

En el escrito, la fiscalía asegura que la consulta fue “planificada, auspiciada y financiada” por el gobierno catalán pese a que tras la suspensión del TC Mas se la encomendó a la sociedad civil, por lo que habrían incurrido en una conducta “incompatible” con la resolución del TC.

Entre los delitos, la fiscalía del Estado les acusa de haber “urgido” a los presos catalanes a confeccionar las urnas y las papeletas que sirvieron para el proceso participativo, con jornadas “voluntarias” de 12 horas de trabajo, incluso en sábados y domingos, en el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). También se refiere a la convocatoria de reuniones en los centros educativos en los que se pidió a los directores y a los maestros que colaboraran en la celebración de la consulta. Así como a los trabajadores del gobierno que colaboraron en el mantenimiento de la página web.

Además recrimina a Ortega sus apariciones públicas durante la jornada del 9N, informando a la prensa sobre los datos de participación y los resultados de la consulta, junto al escudo y a los símbolos oficiales de la Generalitat (gobierno catalán), con lo que el ejecutivo catalán “oficializaba así como propia la asunción del desarrollo de todo el proceso consultivo”. Respecto a la consejera de Educación, la Fiscalía le recrimina que convocara de forma oficiosa a directores de institutos a reuniones para solicitarles verbalmente que colaboraran con el proceso del 9N cediendo los locales de sus centros donde se instalaron las mesas electorales.

Pese a que la consulta era ilegal y no vinculante, participaron en ella 2 millones 300 mil personas de un censo electoral de 6 millones.

El resultado fue de un millón 800 mil (esto es, 80% de los votos) a favor de la independencia, unos 200 mil (el 10%) a favor de un Estado pero no independiente; y más de 100 mil en contra de que Cataluña sea un Estado y, por tanto, de que éste sea independiente.