BUENOS AIRES (DPA).— La oposición en Argentina pidió ayer que el vicepresidente Amado Boudou renuncie o pida licencia hasta que se defina su situación en la Justicia, que el viernes lo procesó por los delitos de “cohecho y negociaciones incompatibles” con su cargo.

La defensa del vicepresidente, por su parte, confirmó que en los próximos días apelará la medida judicial, que consideró “un cuento de hadas contado de forma fantástica para que los medios (de prensa) lo puedan reproducir”.

La gran mayoría de los dirigentes opositores al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner coincidió en la necesidad de que Boudou abandone su cargo, aunque no acordaron el modo en el que debería hacerlo: si por medio de una renuncia, un pedido de licencia o el inicio de un proceso de juicio político en el Congreso.

“Es insostenible la continuidad de Boudou en el cargo. Su procesamiento por un delito de corrupción es un hecho gravísimo que altera el normal funcionamiento de las instituciones del país y requiere una resolución contundente”, expresó el diputado nacional Adrián Pérez, del bloque legislativo Frente Renovador.

La presidenta “debe exigir” la “renuncia” de Boudou, o de lo contrario que el Congreso argentino promueva el “juicio político” del vicepresidente para lograr “su destitución”, sostuvo la diputada nacional Margarita Stolbizer, del partido GEN. Hasta anoche, la mandataria argentina no se había pronunciado públicamente sobre el tema.

El juez Ariel Lijo decidió procesar a Boudou por considerar que durante la gestión de éste al frente del Ministerio de Economía (2009-2011), intervino para salvar de la quiebra a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y, luego, contribuyó a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa. La compañía fue nacionalizada tiempo después. Los delitos de “cohecho” y “negociaciones incompatibles” conllevan, cada uno, una pena de uno a seis años de prisión.