QUITO.— En los últimos siete meses, el gobierno del presidente Rafael Correa cerró el círculo legal con el cual el poder político en Ecuador puede controlar y sancionar a la prensa independiente.

Entre junio de 2013 y enero pasado, el oficialismo logró poner en vigencia dos leyes orgánicas (Comunicación y Código Integral Penal), dos reglamentos (el de aplicación de la Ley de Comunicación y otro que regula el papel de las ONG), y se designó a las autoridades encargadas de monitorear, crear normativas y aplicar sanciones a todos los medios de comunicación.

La severidad con la cual se vigila a la prensa privada —calificada por Correa de corrupta y mercantilista— es distinta a la comodidad con la que trabaja la prensa estatal —compuesta por medios públicos, oficiales, incautados—, abiertamente alineada con la denominada revolución ciudadana. Si entre agosto de 2009 y mayo de 2013 al oficialismo se le hizo imposible aprobar la Ley Orgánica de Comunicación, a la Asamblea que se posesionó en mayo del 2013 le tomó un mes conseguirlo.

La razón: en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año, Alianza País obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea, con lo cual el bloqueo de cuatro años de la oposición fue neutralizado. De esta manera, se dejó de lado toda la preocupación internacional por el contenido de esa ley y sus alertas sobre la posible inobservancia de estándares mundiales sobre la libertad de expresión y de prensa.

La nueva Ley de Comunicación abrió espacios discrecionales para que el poder político controle y sancione a los medios, reforzando el ambiente de autocensura en el periodismo al crear figuras como el llamado “linchamiento mediático” y la Superintendencia de la Información y Comunicación.

Desde junio pasado, tras entrar en vigor la ley, se nombró al Consejo de Regulación de la Comunicación, con cinco miembros, de los cuales cuatro tienen vínculos con el oficialismo. También se eligió a Carlos Ochoa como superintendente de la Información, hombre crítico de la prensa privada y quien fue el jefe de noticias de Gamatv, uno de los canales incautados que hoy controla el oficialismo.

Mientras el Consejo de Regulación completa la normativa para aplicar esta ley, Ochoa puede de oficio vigilar y amonestar a los medios. La primera sanción económica contra un medio fue el viernes 31 de enero, cuando se multó a diario El Universo con el 2% de su facturación promediada en los últimos tres meses (más de 90 mil dólares), por haber publicado una caricatura de Xavier Bonilla “Bonil”, con información que, a criterio de Ochoa, no fue verificada y que afecta el principio de presunción de inocencia.