WASHINGTON.— “Es de los actos más indignos y cobardes que yo recuerde. Decir que los niños inmigrantes son mulas de los narcotraficantes o una amenaza porque traen consigo las peores enfermedades no conocidas, es lo peor que he escuchado de algunos de mis colegas”.

La voz, del congresista por Illinois, Luis Gutiérrez, rasgó el denso ambiente de la Cámara de Representantes poco antes del voto del pasado viernes que permitió el doloroso parto de la iniciativa para autorizar unos fondos de emergencia por 694 millones de dólares para tratar de hacer frente a la crisis humanitaria de los niños que huyen de la violencia en Centroamérica.

Pero, sobre todo, para exigir el envío de un mayor contingente de la Guardia Nacional a la frontera y modificaciones sustanciales a la Ley para Proteger a Víctimas del Tráfico de Personas de 2008 (TVPRA) que impide la deportación expedita de los casi 60 mil menores de edad que han llegado desde Centroamérica.

El discurso de Gutiérrez, con toda y su grandilocuencia, fue un acto calculado. “Gracias a Dios esta iniciativa nunca llegará a convertirse en ley. El presidente ha dicho que la vetará”.

Poco antes, en medio de un frenético rosario de acontecimientos, el liderazgo republicano encabezado por John Boehner, parecía un boxeador a punto de perder el equilibrio y el asalto frente a un puñado de congresistas del Movimiento del Tea Party que dinamitaron su iniciativa.

Azuzados por el senador republicano por Texas, Ted Cruz, quien los reunió en su oficina en un cónclave secreto la noche del miércoles para cenar pizza, vino blanco y cerveza y conspirar contra una iniciativa que consideraban demasiado blanda, un grupo de 20 republicanos decidió rebelarse y exigir un plan más extremo que contemplara los fondos necesarios para enviar a la Guardia Nacional a la frontera.

Pero, también, para impedir a toda costa la extensión y ampliación del Programa de Acción Diferida (DACA) implementado por el presidente Barack Obama, que ha permitido aliviar la situación de casi 700 mil hijos de indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de junio de 2007.

La revuelta de los miembros del Tea Party encabezados por Ted Cruz propinó un duro revés al liderazgo republicano. Y, además obligó a Boehner a retirar su propuesta para ajustarla al dictado extremista de Cruz y sus seguidores.

“El senador Cruz y un puñado de legisladores (conservadores del Tea Party) han secuestrado al partido”, aseguró el republicano por Nueva York, Peter King, para resumir así una de las peores derrotas del líder de la mayoría republicana, John Boehner, a la hora de tratar de presentar un solo frente común frente a la crisis humanitaria de los niños de Centroamérica, que han puesto a prueba la autoridad moral de Estados Unidos, al poder presidencial de Barack Obama y a un sistema de partidos que ha sido incapaz de solucionar una crisis migratoria que a su vez ha derivado en una de las peores crisis políticas en los últimos años.

La declaración de guerra de Cruz y sus seguidores contra los niños que huyen de la violencia en Centroamérica y contra los jóvenes indocumentados mejor conocidos como dreamers, desató la ira de la base demócrata y del caucus hispano en el Congreso de EU.

“No vamos a permitir que les hagan más daño del que han sufrido”, amenazó Gutiérrez.

Una semana antes de la lucha fratricida al interior de las filas republicanas y la votación en la Cámara de Representantes a favor de una de las iniciativas más extremas contra los niños de Centroamérica y los dreamers, el presidente Obama había recibido a un nutrido grupo de miembros del caucus hispano en el Congreso.

“Nos dijo que va a actuar pronto y le creemos. Por fin, consideramos que el presidente está en la misma página que nosotros”, aseguró Luiz Gutiérrez al reseñar un encuentro en la Casa Blanca en el que Obama les confirmó sus planes para acometer una serie de órdenes ejecutivas para aliviar la situación de millones de indocumentados que permanecen en las sombras.

La necesidad de contar con el apoyo de ese 70% del electorado hispano que se mantiene fiel a la causa demócrata y la decisión de los republicanos de dejarse arrinconar por el sector más radical ante la crisis de los niños en la frontera, no ha dejado más remedio al presidente Obama que la de actuar sin el apoyo del Congreso para aliviar la situación de millones de indocumentados.

Fuentes de la Casa Blanca familiarizadas con este encuentro, confirmaron lo que desde hace semanas se viene cocinando. Una serie de acciones ejecutivas que podrían pasar por la ampliación del Programa de Acción Diferida (DACA) hacia los padres de los dreamers y quizá hacia otro sector de la población indocumentada.

Entre la lista de los posibles beneficiarios, aquellos que demuestren un arraigamiento de varios años en Estados Unidos, los que tengan hijos ciudadanos y quienes cuenten con un record limpio de antecedentes penales.

Aunque el presidente aún no toma una decisión, miembros del caucus hispano confían en que lo hará “muy pronto”, quizá al término del verano, cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y el Departamento de Justicia le presentarán una lista de posibles opciones.

Será entonces cuando el presidente tendrá la última palabra. De ella dependerá el futuro no sólo de los casi 60 mil niños que han llegado en éxodo desde Centroamérica, sino también el de millones de indocumentados que han vivido durante demasiado tiempo en las sombras y la zozobra.

Pero, también, la imagen de Estados Unidos como un país enfrentado al dilema de claudicar o mantenerse incólume como el país que es fiel a su historia como tierra de libertad y democracia para millones de inmigrantes que la han considerado como puerto seguro desde su nacimiento como nación.