WASHINGTON.— Las imágenes y los testimonios de un éxodo desde el infierno en Centroamérica aún revolotean en la memoria del reverendo Mark Seitz, obispo en la Diócesis de El Paso, Texas, y testigo de excepción durante una audiencia convocada la semana pasada ante el Comité judicial de la Cámara Baja.

“Fue en noviembre pasado cuando un grupo de religiosos visitamos algunos centros de detención y refugio en San Salvador. Ahí, una madre nos dijo que prefería que su hijo muriera en el trayecto de un viaje peligroso a Estados Unidos que asesinado frente a la puerta de su casa”, refirió.

Desde fines del año pasado, la Conferencia de Obispos Católicos había hecho sonar la señal de alarma. Estos días, con su testimonio han intentado agitar las conciencias de congresistas demócratas y republicanos para evitar mayor dolor e injusticia a los niños que hoy forman parte de un éxodo sin precedentes desde Centroamérica.

“En Tapachula, Chiapas, me encontré con un par de muchachos de 15 y 17 años que nunca habían pertenecido a ninguna pandilla. Me dijeron que los habían amenazado de muerte a ellos y a sus familias si no se incorporaban a las pandillas. Prefirieron huir y, en caso de que los detengan y los deporten, enfrentarán una muerte segura”, aseguró el reverendo Seitz.

Al final, los testimonios de Mark Steiz no sirvieron de mucho. Sobre todo si se toma en cuenta que el presidente del Comité de Justicia, el republicano Bob Goodlatte, ya había elaborado su propio diagnóstico, incluso antes de realizar esta audiencia.

“Es cierto que siempre ha habido violencia en Centroamérica y que ha sido una de las causas de la migración desde esos países. Pero, según los testimonios recogidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, en esta ocasión los niños declaran que si han llegado es porque se les dijo que obtendrían permisos para quedarse en EU.

“La culpa es del presidente Barack Obama y de sus políticas de no aplicación de la ley, como ha ocurrido con cientos de miles de individuos (jóvenes indocumentados o Dreamers) a quienes no se ha removido del país y se les ha concedido permisos de trabajo”, añadió Goodlatte para evidenciar así el oportunismo de un Partido Republicano que ha decidido aprovechar esta crisis humanitaria para tratar de obtener la mayor ventaja electoral de cara a las elecciones legislativas de medio término en noviembre de este mismo año.

Las audiencias convocadas por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes han tratado de explotar la crisis humanitaria que satura los centros de detención en Texas y ha obligado a la administración buscar refugios alternos en bases militares de California, Oklahoma y Texas, donde más de 52 mil niños han puesto a prueba el sistema de seguridad fronteriza y, sobre todo, la autoridad moral de una nación que amenaza con deportarlos.

Esa es, al menos, la advertencia lanzada esta misma semana por Obama, quien sorprendió a las bases de su propio partido y a las organizaciones defensoras de la causa migrante por su amenaza de deportar a todos aquellos niños que, acompañados o no, crucen ilegalmente la frontera estadounidense.

“La detención de las madres y los niños que han venido a este país en busca de protección contra la violencia y la persecución no es la manera de responder a una crisis humanitaria regional”, dijo Eleanor Racer, de la organización Human Rights First.

“La revisión de los casos no pueden apresurarse. Estados Unidos tiene la obligación de realizar una revisión cuidadosa a través de entrevistas para asegurarse de identificar a las mujeres y a los niños que pueden estar en riesgo de trata, persecución o tortura”, añadió Racer, al enfatizar que no sólo EU se ha visto desbordado por esta marea de niños huyendo de la violencia, sino otros países de la región como México, Nicaragua o Panamá, donde las peticiones de asilo se han disparado hasta 700% según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

En un intento por evitar el triunfo de la línea dura de los republicanos, que ha obligado a Obama frenar sus planes de revisar las políticas de deportación que había prometido con el fin de detener la peor campaña de expulsiones en la historia de esta nación, diversas organizaciones realizan encuentros y movilizaciones para evitar que los niños de Centroamérica sean devueltos al escenario de violencia que dejaron atrás.

“Tenemos que rescatar a estos niños. No podemos permitir que se les devuelva a lugares a donde se les obliga a meterse a las pandillas o terminan en la cárcel, donde se profesionalizan como criminales”, opinó Alex Sánchez, dirigente de la organización Homies Unidos y un ex pandillero que sufrió la persecución en EU y en Centroamérica antes de convertirse en un redentor de pandilleros en busca de una segunda oportunidad.

“Las políticas de cero tolerancia que exportó Estados Unidos a Centroamérica son hoy parte de la causa de esta crisis. La International Law Enforcement Agency (ILEA) que se estableció en El Salvador, para formar a los nuevos cuadros policiales, ha generado prácticas represivas que no han resuelto la raíz del problema en ese país”, consideró Sánchez.

Detenido y deportado junto con miles de pandilleros desde ciudades como Los Ángeles en la década de los 80 y 90, Sánchez asegura que el caldo de cultivo de la violencia desatada por estas organizaciones en Centroamérica tiene su origen en esta política de deportaciones que hoy se vuelven contra EU, con las mareas de niños que sufren el azote de pandillas que ya van en su tercera generación.

“Las expulsiones y las políticas de cero tolerancia son una de las causas de la violencia en estos países. Donde el origen del problema también tiene que ver con la pobreza, con el enriquecimiento de las clases más pudientes y con la criminalización de los jóvenes”, añadió Sánchez.

Además, puntualiza, “los gobiernos de Centroamérica tienen que romper con la adicción a las remesas y poner en marcha nuevas políticas económicas y de desarrollo. Han cometido el error de depender en exceso de las remesas que les envían los migrantes que siguen realizando ese viaje hacia el norte que casi siempre termina en tragedia”. En cierto sentido, “los gobiernos y el crimen organizado siguen explotando al emigrante y nadie hace nada al respecto”, explotó Sánchez.

Hoy, los gobiernos de EU y México intentan comprender un fenómeno que, aparentemente, les tomó por sorpresa y que, según apuntan todos los indicios, ha estado relacionado con una campaña bien coordinada entre las redes de traficantes. Según el testimonio ofrecido por elementos de la patrulla fronteriza, algunos detenidos han hablado de una campaña con anuncios incluso a través de la radio en Centroamérica, donde se les dijo que les concedería un permiso nada más cruzar la frontera pero que esta ventana de oportunidad se cerraría muy pronto.

Para otros estudiosos del tema, como Alex Sánchez, este fenómeno va mucho más allá de su carácter mediático o coyuntural.

“Este es un problema que se conocía desde hace mucho. Pero se mantuvo en secreto. Cada año nosotros comprobábamos un aumento de los niños que viajaban solos y que estaba relacionado con el incremento de la violencia. Una violencia de la que nadie se hace responsable, pero que afecta a todas las naciones de la región y especialmente a los niños que hoy sufren las consecuencias durante el trayecto por México o en centros de detención en Estados Unidos”.