La represión política en Cuba se intensificó de enero a noviembre de 2014. De un promedio mensual de 172 personas detenidas y procesadas por motivos políticos en 2010, aumentó a 764 al mes en este año para un total de 8 mil 410 en once meses, denunció ayer la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), organización disidente que opera en la ilegalidad en ese país.

En un documento que envió a EL UNIVERSAL desde La Habana por correo electrónico sobre la situación al cierre a noviembre de 2014 y titulado “Cuba: Algunos actos de represión política”, la Comisión acusó que “en todos los casos fueron detenciones totalmente arbitrarias y propias de un régimen policial que persiste en criminalizar el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos y otros derechos fundamentales”.

“Alrededor de un centenar de pacíficos ciudadanos fueron víctimas de diversas acciones represivas política mente motivadas incluyendo agresiones físicas, actos vandálicos, amenazas, actos de repudio y otras formas de hostigamiento perpetradas por la policía de seguridad del estado y elementos parapoliciales”, reveló.

El número de personas que, por ser opositoras políticas, fueron detenidas temporalmente o procesadas aumentó de 2 mil 74 en 2010 a 4 mil 123 en 2011 y a 6 mil 602 en 2012 y bajó a 6 mil 424 en 2013, pero en 2014, sin que todavía haya concluido el año, ya alcanzó 8 mil 140, precisó. La media mensual desde 2010 subió de 172 en 2010 a 343 en 2011 y a 550 en 2012, disminuyó a 536 el año anterior y ya se ubicó en 764 en 2014, recalcó.

“Nuestra Comisión está profundamente preocupada por las acciones de violencia contra líderes opositores, bajo el manto de ‘incidentes personales’, detrás de las cuales es fácil adivinar las manos de la policía política del régimen dictatorial que impera en Cuba hace más de medio siglo”, subrayó.

Las “situaciones de violencia criminal ocurridas” en noviembre anterior incluyeron “intentos de asesinato, graves lesiones e intimidación física” a opositores, insistió. Las agrupaciones disidentes cubanas, que funcionan en la ilegalidad en la isla, son consideradas por las autoridades de ese país como grupúsculos mercenarios al servicio de Estados Unidos y del acoso—signado por el embargo económico impuesto en 1962—de Washington a La Habana, en represalia por el sistema político de partido único (Comunista) y sin multipartidismo ni elecciones ni prensa libres.

Todo cuestionamiento de la disidencia es repudiado por las autoridades cubanas.

EL UNIVERSAL intentó obtener una reacción del gobierno de Cuba acerca del informe. Sin embargo, el régimen cubano, por lo general, se abstiene de pronunciarse sobre denuncias como las de la CCDHRN, con el alegato de que esa agrupación es ilegal y es parte de la hostilidad de Washington contra la revolución instalada en 1959. Entre otras cosas, Cuba aduce que, con el cerco sobre la isla, Estados Unidos viola los derechos humanos al impedir que millones de cubanos accedan a medicinas y alimentos baratos.