El segundo acto gubernamental de Dilma Rousseff que comienza mañana, con el año, despegará con dos averías de gravedad en sus alas. La necesidad de un severo ajuste fiscal que ya nadie oculta en el gobierno y la investigación por la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que siguió dando titulares hasta en las fiestas navideñas, porque las pesquisas avanzan cerca de la presidenta.

El tenor del ajuste que necesitará aplicar desde el viernes la nueva administración Rousseff quedó de manifiesto esta semana cuando el Banco Central dio a conocer la cifra del déficit en la cuentas públicas del 2014, el primero desde 2002. Hasta noviembre pasado el gasto público se elevó a 283 mil millones de reales (108,846 millones de dólares), es decir 6.06% del PIB.

El designado ministro de Hacienda Joaquim Levy ya prepara una batería de medidas para combatir la situación, que comenzará con un recorte en el sistema de pensiones y seguros de desempleo, con el que se estima ahorrar a lo largo del 2015 un 0.3 % del PIB. Algo así como 6,700 millones de dólares, según lo anunció el pasado lunes el nuevo ministro de Planeamiento, Nelson Barbosa.

El tenor del ajuste que se avecina es uno de los obstáculos que se presentó a la hora de designar al gabinete. Hasta ayer, la presidenta sólo había nombrado a ocho de los 22 ministros de su gobierno, fruto de que las discusiones hacia dentro del Partido de los Trabajadores (PT) y de su base de partidos aliados, no lograban cerrarse.

Con una economía estancada, que este año alcanzará a cerrar con apenas, 0.14% del PIB en materia de crecimiento, con el real presionando hacia una devaluación y con el panorama político por definir, fruto del estigma de corrupción que el PT supo ganarse en estos 12 años en el poder, el segundo gobierno de Rousseff aparece más complicado en los hechos que en lo que se veía en los papeles tras el triunfo electoral de octubre pasado.

Pero si algo complica el arranque del gobierno es el escándalo en Petrobras. Desde que el ex director de Abastecimiento de la empresa, Paulo Roberto Costa y el cambista, Alberto Youseff, le contaron a la justicia cómo se desviaron 3.7 mil millones de dólares. A la investigación se sumaron 25 detenidos, entre ex funcionarios y directivos de empresas contratistas y otros 11 padecen la prisión preventiva, mientras que 52 legisladores y ex ministros están siendo investigados, al igual que empresas contratistas, en el que ya es el escándalo de corrupción más importante de la historia del país.

Para los analistas, el escándalo amenaza con convertirse en “el sello de calidad” de este segundo gobierno. No sólo por las derivaciones judiciales, sino también porque varias de las empresas contratistas involucradas, como el caso de la Camargo Correa, podrían ser suspendidas de operar con el Estado y tienen a su cargo obras claves de cara a los Juegos Olímpicos del 2016.

Como si esto fuera poco, las protestas que sacudieron al gobierno a mediados del 2013 aparecen nuevamente en el horizonte. Para el próximo lunes, el Movimiento Pase Libre (MPL) que desató las protestas entonces, convocó a una manifestación frente a la alcaldía paulista para protestar por el aumento del billete de autobús.

Por todo ello, el vuelo que iniciará Rousseff, y en el que los primeros 100 días serán claves para la implementación de las medidas como para ver la defensa que ejerce en los estrados judiciales y ante la opinión pública, únicamente puede recibir un calificativo: el de peligroso.