WASHINGTON.— Un año después de que el ex analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Edward Snowden, revelara al mundo el peor escándalo de espionaje en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó ayer una iniciativa de ley que buscará limitar la recolección indiscriminada de llamadas telefónicas y obligará a la administración y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) a someterse a más estrictos controles del Congreso.

Con 303 votos a favor y 121 en contra, la iniciativa de ley que traerá los más importantes cambios en una década a los programas de inteligencia, aún deberá esperar la votación de la versión que se discute en el Senado para armonizar su contenido definitivo.

El proyecto contempla que a partir de ahora no será la NSA, sino las compañías telefónicas las que almacenarán los metadatos telefónicos, es decir, datos de conexión como el tiempo, duración y número de las llamadas, aunque no su contenido. Después, la NSA tendrá que pedir permiso al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) para poder tener acceso a esos datos.

La iniciativa aprobada contempla solamente a ciudadanos estadounidenses, pero no se refiere al espionaje a extranjeros. Las compañías telefónicas privadas deberán almacenar los datos como hasta ahora, durante 18 meses.

La votación de la ley no ha estado exenta de un intenso debate y negociaciones tras bambalinas con la Casa Blanca que, a última hora, consiguió arrebatar algunas concesiones para evitar el desmantelamiento total de sus más importantes programas de espionaje. En este sentido, algunas de estas concesiones no han sido vistas con buenos ojos por algunos congresistas del Partido Demócrata y organizaciones defensoras de los derechos civiles que lamentan cambios pactados en secreto para mantener activo el programa de espionaje y prometen que habrá enmiendas en la Cámara Alta.

Del borrador inicial se eliminó, por ejemplo, el párrafo donde especifica que al FISC pertenecerá una especie de ombudsman como representante del interés público.

Otro de los aspectos más criticados es una enmienda que expande la definición de objetivos a espiar, que ahora, además de incluir a personas y entidades, se amplía a “dispositivos” o “direcciones”.

Sin embargo, el republicano John Sensenbrenner, autor de la iniciativa aprobada, la defendió diciendo que “los días en que la NSA podía recolectar de forma indiscriminada información terminarán una vez que se promulgue el Acta de Libertad USA”.

Jim Langevin, demócrata por Rhode Island y experto en asuntos de cibercrimen y espionaje, reconoció las dudas y el recelo que ha traído consigo esta iniciativa, pero alegó que la misma “ha conseguido un equilibrio importante ya que contempla la posibilidad de investigar posibles violaciones al Acta de Derechos y Libertades Civiles”.

Entre quienes consideran que la legislación ha sido recortada en beneficio de la comunidad de inteligencia y en detrimento de los ciudadanos está la demócrata por California, Zoe Lofgren. “Resulta irónico que la iniciativa de ley que buscaba una mayor transparencia, se haya modificado a última hora de forma secreta”, lamentó Lofgren en alusión a las discusiones de última hora con la Casa Blanca en la que se pactaron algunos cambios.

Las reservas de demócratas como Lofgren son compartidas por el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, quien ya ha anticipado que los cambios pactados a última hora serán revisados con el Ejecutivo en la iniciativa de ley que será discutida y votada en los próximos meses.

En medio de esta ofensiva contra una legislación que pretende un mayor control de los programas de inteligencia, el congresista demócrata por California, Adam Schmidt, consideró que “esta iniciativa pone fin a la recolección indiscriminada y garantiza mayor transparencia” en la supervisión de los programas.

A pesar de la defensa de demócratas y republicanos que ayer votaron a favor, una coalición de organizaciones lamentó el carácter ambiguo y limitado que sigue dando un enorme poder a la comunidad de inteligencia.

“Esta no es la iniciativa de ley que esperaban y se merecen los ciudadanos”, consideró Kevin Bankston, del Open Technology Institute al criticar la ambigüedad de la nueva iniciativa de ley a la hora de limitar los programas o exigir una mayor rendición de cuentas a la NSA y a las empresas privadas que colaboran por imperativo legal. (Con información de agencias)