BEIJING.— Cuando está lúcida, Gong Quifeng recuerda cómo imploró misericordia. Varias personas la maniataron de la cabeza, los brazos, las rodillas y las piernas en la cama de un hospital, tras lo cual le dieron una inyección en el estómago que induce partos.

Tenía un embarazo de siete meses de lo que hubiera sido su segundo hijo varón. La droga hizo que el niño naciese muerto luego de 35 horas de dolores insoportables. Funcionarios de la provincia sureña de Hunan la obligaron a abortar en cumplimiento de una política destinada a limitar el crecimiento poblacional. “Fue el momento más doloroso de mi vida. Me siento un cadáver que camina”, declaró Gong, de 25 años, en una reciente entrevista en Beijing.

Luego del aborto, ocurrido hace dos años, a Gong se le diagnosticó esquizofrenia. La mujer fue a la capital con su marido para pedir que le cubriesen los costos del tratamiento, pero terminó siendo detenida en pijamas por la policía, en un episodio filmado por The Associated Press.

Los abortos forzados son considerados una forma aceptable de controlar el crecimiento de la población, pero están prohibidos si la mujer tiene más de cinco meses de embarazo. Aun así, nadie ha sido responsabilizado por el aborto de Gong a los siete meses y otras mujeres que atravesaron por experiencias similares tienen también problemas para que se haga justicia y reciban compensaciones.

Si bien China anunció en noviembre un relajamiento de su política de un hijo por pareja y dijo que se permitiría un segundo niño, la estructura creada para garantizar el cumplimiento de la vieja norma fijando límites a la cantidad de habitantes que puede tener una región sigue en pie. La nueva política, por otro lado, no abarcaba a Gong, porque permite a una pareja tener un segundo hijo sólo si tanto el padre como la madre no tienen hermanos.

“El sistema no cambió en absoluto”, aseguró Liang Zhongtang, demógrafo de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai.

Ni siquiera hay estimados confiables de la cantidad de abortos forzados. Las víctimas pueden ser silenciadas por las autoridades mediante amenazas o dinero. “No van a decir nada a menos que no puedan soportar el dolor y tengan que buscar asistencia”, explicó Yang Zhizhu, profesor de Beijing y defensor de los derechos de nacimiento.