Brasilia.— Un total de 12 acusados de participar en la red de desvíos de fondos del ente estatal brasileño Petrobras ya acordaron con la Fiscalía suministrar detalles de los fraudes y nombres de beneficiados, a cambio de que se les reduzca la pena.

Según informó ayer el diario O Globo, la cifra récord de delaciones premiadas vinculadas a un mismo caso es de vital importancia para que los investigadores accedan a los pormenores del esquema de corrupción, que se estima desvió cerca de 3 mil 840 millones de dólares entre 2004 y 2012.

Además de los acuerdos de las personas físicas, seis empresas contratistas de Petrobras, vinculadas al grupo Toyo Setal, también firmaron acuerdos con la Fiscalía, mediante los cuales se comprometieron a colaborar con las investigaciones a cambio de eludir sanciones que pueden llegar a la prohibición de que firmen nuevos contratos públicos. Los primeros acuerdos de delación premiada fueron firmados por el ex director de Abastecimiento de la petrolera Paulo Roberto Costa, y el cambista Alberto Youssef. Ambos están presos desde marzo pasado por sus nexos con una red de lavado de dinero que ayudó a “blanquear” el dinero desviado de Petrobras.

Las acusaciones realizadas por Costa y Youssef fueron fundamentales para los investigadores, debido al alto grado de implicancia de ambos en los fraudes. “No hubiéramos llegado a los resultados alcanzados sin las colaboraciones”, dijo el fiscal que comanda las investigaciones, Deltan Dallagnol.

El ex director Costa acusó a 28 políticos como beneficiarios de las maniobras de corrupción. Entre ellos figuran el actual ministro de Minas y Energía, Edinson Lobao; los presidentes de la Cámara Baja, Henrique Eduardo Alves, y del Senado, Renan Calheiros; ex ministros de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff; diputados, gobernadores y ex gobernadores.

Ayer mismo, el diario Folha de Sao Paulo informó que el escándalo comienza a afectar a la banca brasileña. Los bancos privados se resisten a transferir a cuentas judiciales, en forma inmediata, los montos pertenecientes a acusados de participar en los fraudes que la Justicia ordenó que fueran bloqueados. El juez responsable por el caso, Sergio Moro, decretó el bloqueo de unos 7.7 millones de dólares por cada acusado, con el fin de evitar que continúen usufructuando “del producto de sus actividades delictivas”.

En total, están embargados alrededor de 100 millones de reales. Una vez bloqueados los bienes, el dinero debe ser transferido a cuentas judiciales del banco estatal Caixa Económica Federal. Agencias