El primer ministro francés, el socialista Jean-Marc Ayrault, negó cualquier intervención de su Gobierno en el procedimiento judicial contra el anterior presidente, Nicolas Sarkozy, cuyo teléfono fue pinchado durante la investigación por una eventual financiación política por Libia.

"Se han respetado escrupulosamente todas las reglas. Es lo que cuenta. El Ejecutivo no dio ninguna instrucción individual (...) y respetó el secreto de instrucción", aseguró Ayrault en una entrevista publicada hoy por Les Echos al calor de la polémica sobre el conocimiento que tenían los miembros del gobierno de las escuchas a Sarkozy.

El primer ministro insistió en que "no hay razón para sospechar de la institución judicial ni de inventar ningún proceso político" y añadió que "entiende que la derecha se inquiete, porque los hechos son graves".

Una alusión a la investigación judicial abierta el mes pasado sobre la base de los pinchazos telefónicos al anterior jefe del Estado conservador por los magistrados instructores que tratan de determinar si Sarkozy obtuvo dinero del derrocado líder libio Muamar el Gadafi para la campaña de 2007 con la que consiguió llegar a la presidencia de Francia.

Ayrault reiteró que mantiene en el puesto a su ministra de Justicia, Christiane Taubira, porque según su versión ya ha "aclarado" con sus declaraciones el conocimiento que ella misma y otros miembros del Ejecutivo tenían de los pinchazos telefónicos al que aparece como principal rival de la izquierda de cara a los comicios presidenciales de 2017.

La derecha en bloque ha exigido la dimisión de Taubira por haber mentido sobre el momento en que estuvo informada de las escuchas a Sarkozy y muchos de sus responsables han acusado de una manipulación política para impedir la vuelta del expresidente a la actividad pública.

Sarkozy recibe hoy un dictamen del Tribunal de Instancia de París ante el que el que se querelló por el procedimiento de urgencia para obligar al sitio de información "Atlantico" a retirar las grabaciones que le había hecho durante su mandato de jefe del Estado (2007-2012) su antiguo consejero Patrick Buisson.

El líder conservador, junto a su esposa, Carla Bruni, habían denunciado esa publicación de las grabaciones por considerar que supone un atentado contra su vida privada y reclaman la retirada inmediata, acompañada de una multa de 5 mil euros por cada día de incumplimiento.

La pareja Sarkozy-Bruni también quiere una indemnización de un euro simbólico pagado por "Atlantico" por daños y perjuicios y de 30 mil euros para Buisson, al que reprochan haber grabado sus conversaciones sin su consentimiento.

jlc