Familias de niños muertos demandarán al Estado colombiano
TRAGEDIA El incendio ocurrido el domingo en Fundación, en el departamento caribeño del Magdalena, dejó 31 menores muertos, la mayoría de ellos entre cuatro y ocho años de edad, así como 20 heridos. (Foto: Reuters )
Las familias de los 31 niños que murieron calcinados en un autobús incendiado en Fundación, una población del norte de Colombia, demandarán al Estado por omisión, informaron hoy fuentes oficiales.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que ese organismo asesorará a las familias en este caso para establecer qué instituciones del Estado "omitieron cumplir con sus funciones" de control al transporte público de pasajeros.
La tragedia ocurrida el domingo en Fundación, en el departamento caribeño del Magdalena, dejó 31 menores muertos, la mayoría de ellos entre cuatro y ocho años de edad, así como 20 heridos, según las autoridades.
Los niños regresaban de una actividad religiosa de una iglesia pentecostal cuando el autobús, que llevaba 52 pasajeros, un número muy superior a la capacidad del vehículo, se incendió y fue devorado por las llamas en cuestión de minutos con los niños dentro.
Otra irregularidad que ha llamado la atención de las autoridades es que en el autobús viajaban solo dos adultos para acompañar a decenas de niños, algunos de ellos de dos y tres años de edad.
Otálora dijo que de nada vale tramitar un arsenal jurídico para sancionar conductas "si el mismo Estado no hace cumplir esas leyes" .
Explicó que como consecuencia de esa situación "se presentarán las demandas contra el Estado para que se indemnice a las familias" .
"Lamentablemente, estamos llorando con esos padres de familia esos hechos que enlutan a todos los colombianos", agregó.
El funcionario señaló que esas acciones son diferentes a las que realiza el gobierno al llevar a juicio a los responsables del hecho.
El conductor del vehículo, Jaime Gutiérrez Ospina, y Salvador Ibarra, quien hace parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, quien supuestamente fue el encargado de contratar el vehículo, fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio y lesiones personales.
Según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, el autobús incendiado no estaba habilitado para circular desde 2012 porque no estaba al día en sus licencias técnica y mecánica.
Las autoridades creen que la tragedia fue causada por el conductor al verter gasolina en el carburador para facilitar el encendido del motor.
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