Las autoridades de migración deben modificar sus prácticas para garantizar que los mexicanos acusados de vivir ilegalmente en Estados Unidos sean informados adecuadamente sobre sus derechos a una audiencia ante un juez de migración, según un acuerdo para zanjar una demanda difundida públicamente este miércoles.

La demanda federal fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Los Angeles sostiene que funcionarios de la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han dicho rutinariamente a migrantes mexicanos que podrían pasar meses en la cárcel mientras se deciden sus casos y que han sido informados falsamente que pueden arreglar fácilmente su estatus legal una vez de regreso en México.

Las autoridades de migración ofrecen repatriaciones voluntarias que prohíben a los migrantes volver a entrar en Estados Unidos hasta por 10 años, según la demanda. Esas salidas voluntarias pueden ser ofrecidas a migrantes sin antecedentes delictivos, que les permite evitar la posibilidad de penalidades más severas bajo órdenes formales de deportación.

Los dos organismos citados en la demanda dijeron en una declaración que se ofrecen las repatriaciones voluntarias como una opción para aquellos que solicitan ser repatriados en vez de someterse a órdenes formales de deportación "pero en ningún caso se toleran la coerción ni la decepción".

Las agencias dijeron que aceptaron suplementar sus procedimientos actuales para garantizar que los extranjeros comprendan plenamente las consecuencias potenciales de regresar voluntariamente a México.

La ACLU dijo el miércoles que todos los demandantes en el caso podrían haber presentado casos viables ante la justicia para permanecer en Estados Unidos si se les hubiese informado correctamente sobre su derecho a una audiencia.

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