Aunque imploraba misericordia mientras desconocidos le apuntaban con armas de fuego bajo sospechas de que su marido colaboraba con la guerrilla comunista, la esposa del campesino guatemalteco Juan Ordóñez era asesinada a balazos frente a sus hijos por una patrulla de hombres armados en mayo de 1981 en Kaibil Balam, un poblado indígena del occidente de Guatemala.

La mujer fue la primera de numerosas víctimas de lo que llegaron a ser las temibles Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estrategia paramilitar de contrainsurgencia lanzada por el ejército de Guatemala en 1981 y depurada a partir de 1982 y 1983.

"Si no patrullábamos (los militares) decían que éramos guerrilleros", narró un ex patrullero en 1996 ante la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), grupo independiente creado en 1993 por los negociadores de la paz para indagar violaciones a los derechos humanos perpetradas por guerrillas y fuerzas armadas. "Nos cuidábamos, porque teníamos miedo a la guerrilla y a los soldados", relató.

Basada en investigaciones que remataron en 1999 con su informe "Guatemala: Memoria del silencio", la CEH precisó que en 1981 hubo "las primeras violaciones de los derechos humanos atribuidas" a las autodefensas.

Hombres armados que organizaron lo que "era como una primera tentativa de PAC", aparecieron en 1981 en Kaibil Balam en busca de Ordóñez, recordó. "Como no estaba mataron a la esposa frente a sus tres hijos", narró.

Amenazados de muerte o represalias por el ejército, indígenas y campesinos aceptaron ser reclutados y armados como colaboradores paramilitares para combatir la subversión comunista, una práctica que degeneró en complicidad con el genocidio de etnias mayas y con masivas violaciones a los derechos humanos que estremecieron a Guatemala en la década de 1980 y en corrupción al coludirse con el crimen organizado.

"Las patrullas de autodefensa... se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan y se convierten, en grupos a los que a los gobiernos se les hace muy difícil someter y controlar", advirtió la guatemalteca Carmen Rosa Escribano de León, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala (IEPADES), en entrevista con EL UNIVERSAL.

"En Guatemala se demostró que muchas masacres (del conflicto armado) fueron cometidas por autodefensas, como mecanismos sin límite para sujetar a la misma población y sin posibilidad de que el Estado los controle", agregó, al advertir que hay estructuras paramilitares que siguen intactas porque el ejército nunca las desarmó y les vendió las armas, y en muchas aldeas y poblados funcionan como juntas locales de seguridad. "Terminan siendo grupos armados que imponen ‘su orden' en comunidades sin control del Estado y muchas veces han servido casi de grupos de protección de las rutas del narcotráfico", reveló.

Consultado por este diario, el vocero del Ministerio de Defensa de Guatemala, coronel Ismael Cifuentes, alegó que "como política del gobierno (de turno) en la creación de estas autodefensas, no hubo ninguna violación a los derechos humanos ni ninguna directriz que orientara hacia eso. Ha habido algunos casos donde se han realizado ya algunos juicios y (hay) algunas condenas, pero estos casos son manejados de manera aislada y las personas que fueron involucradas fueron sujetas a un proceso penal".

"Pero no era la política institucional ni gubernamental que las patrullas se dedicaran a cometer ese tipo de delitos", subrayó.

Respuesta militar

Luego de que en 1979 fuera derrocada la dictadura somocista y triunfara la revolución procubana de los sandinistas en Nicaragua, Centroamérica entró a una escalada bélica: en 1980 estalló la guerra civil en El Salvador y recrudeció la guerra de guerrillas en Guatemala, por lo que la respuesta castrense guatemalteca fue la tierra arrasada, con militares y autodefensas.

Aunque empezaron como PAC, los militares los modificaron en 1983 a Comités Voluntarios de Defensa Civil, al percatarse de que se les ligaba a acciones militares si eran patrullas. La jerarquía castrense siempre adujo que eran voluntarios de las comunidades, sin vínculo oficial con el ejército.

Cerca de 800 mil guatemaltecos eran miembros de las PAC, lo que equivalía al 10% de la población en un país con unos 9 millones de habitantes en las décadas de 1980 y 1990. El flujo de las PAC superó el millón de miembros en sus 15 años de existencia.

"Dada la extensión territorial y la irregularidad del enfrentamiento, por las magnitudes que cubrían las unidades, consideró el gobierno de ese momento que la población se organizara en grupos para su propia defensa", dijo Cifuentes. "Los ciudadanos voluntariamente se organizaron y colaboraban entre sí para prestarse la seguridad en el momento en que unidades militares no podían estar con ellos. Cuando había otra operación en otra región del país y las unidades militares se concentraban allá en esa operación, las autodefensas proveían de seguridad", adujo.

La táctica de las autodefensas también fue aplicada en Colombia -donde se convirtieron desde inicios de la década de 1980 en bastión paramilitar y antiinsurgente de la política colombiana y cayeron en el negocio del narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado- y resurgió en 2012 en México.

"Las patrullas", recordó Escribano, "se formaron en Guatemala a la sombra del ejército y funcionaron como grupos que operaban bajo instrucciones del ejército. En México vemos que son autónomas, fuera de la capacidad de control del Estado, lo que las hace todavía más peligrosas".

Aunque el origen del fenómeno en América Latina puede detectarse en Colombia en 1978, fue en Guatemala donde registró un depurado desarrollo, como país sacudido desde 1960 por un conflicto armado entre las guerrillas izquierdistas y el régimen militar derechista. La guerra guatemalteca sirvió de laboratorio para la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos en la guerra fría: convertir a las fuerzas armadas latinoamericanas en instrumentos de poder y control político para enfrentar la expansión comunista, sin importar la violación generalizada de los derechos humanos.

A finales de la década de 1970 y ante el avance guerrillero, el aparato colombiano de seguridad adiestró, adoctrinó y armó a civiles que le ayudaran a combatir a la insurgencia. El ejemplo de Colombia -donde los paramilitares ganaron poder en los decenios de 1980 y 1990- fue emulado en Guatemala, y las autodefensas se involucraron durante 15 años en una guerra que finalizó en 1996. En 36 años de guerra hubo 200 mil muertos y desaparecidos, pero la CEH calculó que 132 mil personas fueron ejecutadas y 40 mil desaparecieron solo de 1978 a 1996.

"Lo más grave" de las PAC, subrayó la CEH, "fue el involucramiento coercitivo de la población civil en las acciones militares, dando lugar a la militarización de las comunidades mayas, el enfrentamiento entre ellas y la violación de derechos humanos por las PAC. Los civiles fueron obligados a realizar operaciones bélicas".

Las PAC, arguyó, "desestructuraron el sistema de autoridad indígena y se convirtieron en una forma de control total de las comunidades mayas".

BARBERENA. Una mujer y su hijo frente a una barricada de ex paramilitares en 2004. En los años 80 aparecieron los primeros paramilitares para combatir la subversión comunista (ARCHIVO EFE)