El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ordenó disolver el tercer partido político del país, varios de cuyos miembros están en prisión por conspirar para el régimen norcoreano, en una decisión sin precedentes en la historia democrática del país.

La más alta instancia judicial surcoreana aceptó, por 8 votos a favor y uno en contra, la petición remitida por el gobierno surcoreano para desmantelar completamente el Partido Progresista Unificado (PPU), una fuerza política de izquierdas creada en 2011 y que cuenta con 5 escaños en la Asamblea Nacional (Parlamento).

Es la primera vez que se prohíbe un partido político desde la creación del país asiático y la adopción de su Constitución en 1948.

El histórico fallo, anunciado por el presidente del Tribunal Constitucional, Park Han-cheol, y transmitido en directo por televisión, implica que el partido perderá sus escaños, verá congelados todos sus activos y deberá renunciar a las subvenciones del Estado.

El magistrado explicó que los principios y las actividades del PPU violan el "orden democrático básico" de Corea del Sur, cuya Ley de Seguridad Nacional vigente desde hace más de seis décadas persigue cualquier actividad que se pueda considerar favorable a la comunista Corea del Norte.

"El PPU, con un programa oculto para adoptar el socialismo de Corea del Norte, organizó reuniones para debatir una rebelión", aseguró el presidente del Constitucional, mientras el partido afectado ha protestado duramente la decisión.

La fuerza de izquierdas acusó en un comunicado al gobierno de la conservadora Park Geun-hye de "regresar a la dictadura" al "romper el acuerdo democrático que garantiza el derecho de todas las partes a expresarse y el respeto mutuo entre ellas".

Con el apoyo del Consejo de Ministros, Park aprobó a finales del año pasado la petición para ilegalizar el PPU después de que el diputado Lee Seok-ki y otros miembros de la formación fueran acusados de conspirar en favor del régimen comunista de la vecina Corea del Norte.

Lee Seok-ki fue condenado este año a nueve años de cárcel por haber creado una organización secreta de unos 130 miembros con supuestos vínculos con Corea del Norte, y su caso se encuentra ahora en el Tribunal Supremo después de que apelara la sentencia.

El PPU, que en todo momento ha defendido la inocencia del diputado, asegura ser víctima de una "caza de brujas" liderada por el gobierno de Park.

La Ley de Seguridad Nacional, promulgada en 1948, prohíbe toda acción que sirva para "preparar, conspirar, hacer propaganda o instigar una rebelión contra el Estado" y la Constitución nacional recoge que el gobierno puede pedir la disolución de un partido político que viola el "orden básico democrático".

jlc