La defensora del pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez, informó hoy que la institución que encabeza ha contabilizado 21 fallecidos en hechos de violencia ligados a protestas que desde el 12 de febrero pasado se registran contra el presidente Nicolás Maduro, asimismo indicó que se investigan reportes por supuestos casos de tortura denunciados por manifestantes.

La funcionaria destacó en rueda de prensa que, según un "informe preliminar" de su despacho, diez de las víctimas fatales cayeron tiroteadas en las "guarimbas" (barricadas) levantadas en calles, modalidad de protesta rechazada por el Gobierno y la mayoría de partidos opositores a Maduro.

"La trampa más letal han resultado ser precisamente las guarimbas", indicó Ramírez, subrayando que son "trampas para cazar seres humanos".

Ramírez también dio cuenta de que ha recibido 42 denuncias de "violación a la integridad física", entre ellas casos presentados como tortura, todo los cuales, remarcó, "están siendo investigados por la presunta participación o actuación irregular de funcionarios uniformados del Estado".

En ese sentido pidió diferenciar y ser "muy rigurosos en el uso de los términos" a la hora de hablar de tortura y del uso desproporcionado de la fuerza por organismos policiales.

El delito de tortura entraña, explicó, "sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo, un uso desproporcionado de la fuerza" y así determinar "la pena y la proporcionalidad del castigo".

Las titulares de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo se reunieron ayer con representantes de la ONG Foro Penal Venezolano, que presentó denuncias sobre 42 casos de supuestas torturas de detenidos en las protestas que, según reiteró hoy Ramírez, "se investigan".

La defensora también instó a la fuerza pública "a que se agoten los mecanismos de mediación y diálogo antes de la incursión en el uso progresivo de las fuerzas físicas".

Rechazó los "ataques violentos" de manifestantes contra vehículos y edificios públicos, así como también a unidades del transporte de pasajeros y combustibles, y a los "sistemas de telefonía, banca pública y de administración de justicia, entre otros".

En ese sentido exhortó a los alcaldes de los municipios donde se han producido los hechos de violencia "a informar a sus comunidades sobre las sanciones a las que se exponen las personas que obstruyen las vías públicas y causan daños al patrimonio público".

Reveló que las protestas han obligado "el despliegue de 20 mil funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) en todo el territorio nacional".

La fiscal general, Luisa Ortega, informó hace dos días de 19 víctimas en las protestas que en algunos casos se han tornado violentas y que, además, han dejado 318 heridos y mil 103 detenidos.

La defensora aseguró hoy que los hechos violentos se han registrado solo en 18 de los 335 municipios del país, en lo que reiteradamente ha coincidido Maduro al descartar que las protestas en su contra sean masivas.

ahd