Un juez de Texas ordenó hoy al gobernador Rick Perry comparecer el próximo 31 de octubre en una corte de Austin, en una audiencia relacionada con una acusación en su contra por presunto abuso de autoridad.

El juez Bert Richardson ordenó la presencia de Perry en la corte para desahogar dos cuestiones planteadas por el equipo legal del gobernador, que intenta evitar que éste sea visto como acusado.

En la ficha policial que se le hizo tras la presentación de los cargos, Perry fue fotografiado sonriente en un traje ejecutivo, sin la placa con números que suele aparecer con quienes enfrentan cargos.

Perry fue acusado en agosto pasado por un gran jurado del Condado de Travis, en Austin, de cargos de "abuso de capacidad oficial" y "coerción de un servidor público".

Los cargos se refieren a los intentos del gobernador para obligar a la procuradora del condado de Travis, la demócrata Rosemary Lehmberg, a renunciar a su cargo tras ser detenida por conducir en estado de ebriedad.

La acusación se centra en el veto que Perry decretó en junio de 2013 para bloquear la entrega de 7.5 millones de dólares aprobados por la legislatura estatal para financiar una unidad de integridad pública dirigida por la procuradora Lehmberg.

Perry justificó su veto al argumentar que él y el público habían perdido la confianza en la procuradora, quien se declaró culpable del cargo.

El gobernador ha reiterado que la acusación es indignante y sostiene que actuó de forma correcta, y ha contratado a un prestigiado equipo de abogados para hacer frente a las acusaciones.

El caso se originó cuando el grupo Tejanos por la Justicia Pública, una organización que busca la responsabilidad gubernamental, presentó una denuncia penal en la que acusó a Perry de usar su poder para tratar de forzar la salida de un funcionario electo a nivel local.

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