La Legislatura de Arizona recibió una iniciativa de ley que convertiría en delito que los indocumentados con orden de deportación se beneficien de los servicios públicos del estado como el circular por vías públicas o usar un baño público.

La propuesta de ley HB 2192, presentada por el legislador estatal republicano Carl Seel, convertiría también en delito que los migrantes indocumentados con orden de deportación usen un autobús de transporte urbano o conducir en vías públicas.

El proyecto de ley establece como delito menor para los indocumentados que tengan ya la orden de salir el país, el utilizar cualquier recurso público o aceptar cualquier beneficio proporcionado por el gobierno, incluyendo el asistir a la escuela pública.

Seel explicó a la prensa local que su iniciativa de ley sólo se aplicaría a los inmigrantes a los que se les haya ordenado salir del país.

"No es para el público en general, es sólo para las personas que ya han tenido su cita en la corte", reiteró el legislador.

Sin embargo, el proyecto de ley no explica en su contenido, cómo podría ser aplicada en caso de ser aprobada la iniciativa.

Seel se ha distinguido en la legislatura de Arizona por sus propuestas de corte conservador, como la de requerir que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos demuestren que son ciudadanos estadunidenses.

El legislador fue también un ferviente simpatizante de la ley antiinmigrante SB 1070.

Seel argumentó que su iniciativa de ley HB 2192 sería una herramienta para desalentar a las personas, a quienes ya se les ordenó salir del país, el que desafíen la orden de un juez.

Insistió que de ser aprobada la iniciativa, sólo aplicaría a unos cinco mil indocumentados, ya que sólo castigaría a aquellos que ya han pasado a través del sistema judicial.

ahd