Agentes de migración ordenaron el año pasado más de 363 mil deportaciones sin audiencias o valoraciones de jueces de migración previas, según un nuevo reporte difundido por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por siglas en inglés).

El grupo dijo que la amplia discreción y el poder que ejercen ahora los agentes migratorios fueron en algunos casos excesivos, como el de la hispana María de la Paz, ciudadana estadounidense que fue deportada porque no pudo hablar en inglés con el oficial que la entrevistó.

El reporte indicó que en muchos de estos casos los agentes ignoraron los fuertes lazos o argumentos de los migrantes para permanecer en el país, deportando a hombres y mujeres sin darles la oportunidad de presentar sus casos ante un juez o una corte de migración.

Algunas de estas deportaciones fueron realizadas en cuestión de horas después que la persona quedó bajo disposición de los agentes migratorios.

Sarah Mehta, investigadora de la ACLU y autora del reporte dijo que bajo el actual sistema, "miles de personas son sujetas a los caprichos o clemencia de oficiales de migración, quienes actúan como persecutores, jueces y deportadores".

Agregó que en la mayoría de los casos estos oficiales carecen de los conocimientos legales y la experiencia para determinar quiénes tienen derechos y argumentos válidos para ingresar y vivir en Estados Unidos.

"Si la equidad y la justicia importan, nuestro gobierno debe permitir que las personas con argumentos válidos y derechos para estar en Estados Unidos tengan una oportunidad real de defender esos derechos" , dijo.

De acuerdo con el reporte, de las 438 mil 421 deportaciones que fueron conducidas el año pasado, más de 363 mil 279 u 83 por ciento se llevaron a cabo sin una audiencia o la revisión de un juez de migración de por medio.

ACLU hizo notar que estos agentes tienen el poder de imponer a las personas que deportan sanciones contempladas en la ley, que van desde prohibiciones para ingresar a Estados Unidos durante cinco años o hasta de por vida.

Indicó que la necesidad de asegurarse que los inmigrantes tengan derecho a una audiencia o que su caso sea escuchado por un juez migratorio resulta crítica dado que si un agente comete un error en una deportación, no existe manera alguna para que esa orden pueda ser revertida.

La agrupación destacó que hasta 1999 la mayoría de los inmigrantes que enfrentaban órdenes de deportación comparecían ante una corte de migración y ahora las nuevas directrices abrieron las puertas para abusos o errores.

ahd