LOS ÁNGELES, Cal.-- María Peniche cuenta las horas. Instalada en un hotelito de San Diego, California, hace llamadas, da entrevistas, ayuda en los preparativos, pero nada disminuye la ansiedad: ya quiere que llegue el día, saber de ellos, verlos. María no puede ir a México, pero este lunes sus padres vendrán a la frontera, se presentarán en la garita con una solicitud de asilo político, y buscarán quedarse en Estados Unidos.

Este 10 de marzo un grupo de entre 150 y 200 personas, niños, jóvenes y padres de familia, intentarán hacer lo mismo que los papás de María: volver a Estados Unidos, el sitio en el que han pasado varios años de su vida -en algunos casos prácticamente la vida entera-, y que tuvieron que dejar para volver a México, su país de origen, debido a un proceso de deportación, a un problema familiar, o ante la falta de oportunidades en el país del norte. En todos los casos, la experiencia mexicana no ha sido buena; ahora anhelan volver al sitio que consideran su hogar.

La cita para "la acción", como describen los organizadores este retorno masivo de migrantes, es en la garita conocida como Mesa de Otay en el lado mexicano (Tijuana), o como Otay Mesa en el lado estadounidense (San Diego), a las diez de la mañana. Hasta ahí llegarán las 157 personas confirmadas hasta ahora, más las que se sumen en las siguientes horas, para iniciar el cruce; la meta son 200. Este es el tercer evento de este tipo impulsado por el grupo activista Dreamactivist a través de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (The NIYA), parte del movimiento que bautizaron como Bring Them Home (tráiganlos de regreso a casa), y que inició en julio de 2013.

La historia de Dreamactivist/The NIYA data de varios años atrás. Esta red está formada por jóvenes indocumentados que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos siendo menores de edad, y que al llegar a la edad adulta se encontraron con la imposibilidad de continuar sus estudios universitarios, obtener un empleo o recibir cualquier beneficio por parte del gobierno. Con células que se han reproducido por todo el país, Dreamactivist surge de la necesidad de compartir información e impulsar la iniciativa de ley conocida como DREAM Act, presentada ante el Congreso estadounidense en 2001, que de ser aprobada regularizaría la situación legal de casi dos millones de jóvenes en esta situación. Se estima que de ellos, 74% son mexicanos.

Pero trece años después la ley no ha sido aprobada, y no sólo eso: en los últimos cinco años, los de la gestión del presidente Barack Obama, el número de deportaciones de indocumentados se ha incrementado: 400 mil personas cada año, un total de dos millones en lo que va de la administración; más que en ninguna gestión presidencial en la historia del país. Mientras desde el gobierno se emite un discurso que asegura a los jóvenes Dreamers que pronto tendrán un futuro mejor, a sus padres, tíos, familiares, a los miembros de su comunidad, se les arresta y se les deporta. Esta es la razón por la cual Dreamactivist pasó, de ser una red de organización, a ser un grupo de resistencia y de desobediencia civil.

Mensaje directo

"El objetivo de nuestras acciones es enviarle a la administración de Barack Obama un mensaje directo: cada persona que él ha sacado del país, puede regresar", dice Mohammad Abdollahi, uno de los dirigentes de Dreamactivist/TheNIYA.

Él habla de su organización con una tranquila certeza, como si lo que está diciendo fuera obvio. Sentado en una sala de reuniones en el Este de Los Ángeles, conversa con algunos periodistas sobre la acción a desarrollar a inicios de marzo, la tercera de su tipo. Son los últimos días de febrero y el grupo encargado de hacer la convocatoria para el evento se ve sereno y relajado.

Abdollahi -27 años de edad, el pelo y los ojos negros, alto y esbelto- es de origen Iraní. Su familia llegó a Michigan cuando él tenía 4 años de edad gracias a una visa académica otorgada a su padre; cuando la visa expiró, la familia, de postura ideológica progresista no afín al régimen de su país, decidió permanecer en Estados Unidos. A pesar de sentirse un joven estadounidense en todos los aspectos, Abdollahi descubrió, cuando llegó el momento de ir al a universidad, que por la falta de documentos le sería imposible hacerlo. Entonces empezó su trabajo de organización.

Tras realizar algunas acciones de desobediencia civil durante los últimos tres años, como el bloqueo de calles o la toma de oficinas de algunos congresistas, hace unos meses Dreamactivist decidió dar un salto: reunieron a jóvenes Dreamers que habían vuelto a México debido a la deportación de uno de los padres, de ellos mismos, o que volvieron por problemas familiares, y a los cuales no les fue bien. Las razones son variadas: la adaptación que resulta difícil al no tener vínculos familiares o sociales fuertes en la comunidad; la falta de dominio del idioma hablado o escrito; la imposibilidad de seguir estudiando por la falta de revalidación de sus estudios; la dificultad para encontrar empleo, y la situación de violencia que ha azotado a algunas regiones del país en los últimos años.

El 22 de julio de 2013, nueve de estos jóvenes, que en redes sociales pronto recibieron el nombre de #Dream9, llegaron a la garita de Nogales que separa a los estados de Sonora y Arizona, para presentar una solicitud de visa humanitaria, y en caso de que ésta les fuera negada, un recurso de asilo político.

Vestidos con toga y birrete de graduados en señal de su condición de Dreamers, jóvenes que solo anhelan estudiar y ser productivos en Estados Unidos, llegaron ante las autoridades de inmigración y presentaron sus casos. Las visas humanitarias les fueron negadas y, tal como lo indica el proceso legal a seguir en casos de solicitud de asilo político, fueron llevados a un centro de detención mientras un juez revisaba sus casos.

Tres semanas más tarde, a los nueve les fue iniciado el proceso de solicitud de asilo político. Aunque esto no significa que el asilo les haya sido garantizado, sino que iniciarán la audiencias para exponer su caso, el proceso es tan largo que puede tomar entre tres y siete años para que exista una resolución. Durante todo ese tiempo, los jóvenes que antes habían salido del país por la puerta de atrás, permanecen en él libres y de manera legal.

Tras el éxito de la primera acción Dreamactivist decidió hacer una segunda ronda, esta vez en el cruce de Laredo y Nuevo Laredo, y con 30 jóvenes, ahora conocidos como #Dream30; sólo a tres les fue negado el proceso. Entre los aprobados se puede encontrar lo mismo la chica que viviendo en Estados Unidos pudo asumir su homosexualidad sin conflicto, y que al regresar a una sociedad conservadora en Perú sufre discriminación y agresión, que el joven que buscando reunirse con su hermano en Guerrero se topó con un caso de extorsión y asesinato en la familia.

Ahí está también el caso de la propia María Peniche, quien al denunciar violencia sexual por parte de un familiar, empezó a recibir amenazas para ella y para toda su familia. María vino a Estados Unidos como parte de los #Dream9 y su hermano en la siguiente ronda. Hoy sus padres buscan alcanzarlos en la nueva acción, multiplicada en número y en ambición: de los más de 150 participantes confirmados, esta vez solo 40 son Dreamers. Los demás son padres, hermanos o niños ciudadanos estadounidenses, buscando la reunificación familiar.

"Nuestra postura es muy clara: estas acciones no van a desaparecer. La primera vez fueron nueve Dreamers, luego más de treinta, esta vez probablemente llegaremos a los 200 y para la siguiente serán miles" dijo Abdollahi este fin de semana vía telefónica desde San Diego, en preparación del cruce del lunes. Dulce Guerrero, otra de las organizadoras, lo dice claramente en un video que ya se ha vuelto viral: "Es inaceptable para dos millones de familias, dos millones de niños, dos millones de esposos y esposas, estar separados. Ellos merecen la oportunidad de volver a casa".

Correr el riesgo

Yolanda Olguín regresó a su natal Morelia, Michoacán, en 2010. Tenía once años viviendo en Estados Unidos y desde que salió, a los 19 años, nunca había vuelto: ella y su familia vivían indocumentados desde su llegada al estado de Washington.

Cuando Yolanda decidió buscar una vida mejor en Estados Unidos para ella, su esposo, y su hija Paola, entonces de un año y medio de edad, no sabía que el Michoacán que dejaba no sería el que volvería a ver. Durante sus años en Estados Unidos nacieron sus otros dos hijos, Kevin, hoy de 11 años, y Britney, de siete. Su vida transcurrió en relativa tranquilidad hasta que, en mayo de 2005, su esposo fue detenido mientras se dirigía a trabajar en la poda de la uva; se le inició un proceso de deportación. Tras regresar de manera ilegal por un breve tiempo, tuvo que volver definitivamente a México en 2009. Un año después, al ver el sufrimiento de sus hijos por estar lejos de su papá, Yolanda vendió todo lo que tenían en Washington, hizo sus maletas, y se fue a alcanzarlo.

"Me arrepiento, no sabe cómo me arrepiento" dice con la voz cargada de angustia en una llamada telefónica desde Tijuana, a donde llegó con toda su familia el jueves pasado para prepararse para la acción del lunes.

"Todo ha sido muy triste, regresar a mi país, a mi Morelia donde nací, y ver que ya no era lo mismo. En cuanto llegamos, a mis hijos les tocó ver lo de las cabezas: 10 ó 15 cabezas, y los cuerpos en otro lado. Luego un día íbamos al aeropuerto, y ahí en un puente personas colgadas. Yo pensé en el Michoacán que dejé a los 19 años, que era otra cosa. Hoy no puede uno confiar ni en las personas. Como creyeron que traíamos dinero por venir de Estados Unidos, nos empezaron a extorsionar, a llamarnos para decirnos que mis hijos estaban secuestrados".

La decepción de Yolanda se multiplicó al ver la frustración en sus hijos, la imposibilidad de adaptarse a la vida en México: para los cinco, su hogar está en Washington.

"Es el lugar donde ellos crecieron, en donde está su vida. Y la mía, y la de mi esposo".

El lunes, tras manifestar ante las autoridades estadounidenses su intención de permanecer en el país, Yolanda y su familia, al igual que las decenas de personas que irán con ellos, se enfrentarán a tres posibilidades: la primera, aunque remota, es que les sea aprobada una visa humanitaria, de manera que quedarían en libertad de inmediato en territorio estadounidense. La segunda, que sean llevados a un centro de detención, en donde podrían permanecer por semanas, e incluso meses, mientras se evalúa su solicitud de asilo político; en caso de que ésta sea aceptada, en algún momento podrían salir con una estancia legal temporal en Estados Unidos. La tercera opción, es que la solicitud sea negada y la deportación sea inmediata.

David Bennion, el abogado de inmigración que asesoró a los #Dream30, dijo en entrevista telefónica que aunque por su magnitud numérica, en esta ocasión será imposible acompañar personalmente a cada uno de quienes participan en la acción , la mayoría de ellos ya recibió asesoría en línea durante el proceso de selección por parte de Dreamactivist; los que no tuvieron la oportunidad, recibirán un entrenamiento intensivo este fin de semana en Tijuana, para preparar los argumentos que presentarán ante los oficiales fronterizos.

"Pero a pesar de que la estrategia legal es importante, lo más importante para ellos es la historia que compartirá cada uno con el agente durante su entrevista", explica Bennion. "Cada uno hablará por sí mismo. Lo que hemos aprendido es que a través de sus historias la administración puede entender que con este ritmo de deportaciones, las consecuencias golpean a familias y a comunidades reales. Este es un problema real".

Yolanda, por su parte, dice estar preparada para todo.

"Puede ser que no nos dejen pasar, que nos detengan mucho tiempo, que nos dejen ahí por semanas o meses, o puede ser que porque traemos niños nos dejen ir. No sé, pero estoy lista. Prefiero mil veces que me detengan, que volver al lugar donde mis hijos no se sienten seguros. Prefiero correr el riesgo para regresar a mi casa".