Líderes republicanos de la Cámara de Representantes de EU, presionados por la Casa Blanca y por una vasta coalición de grupos defensores de los inmigrantes, analizan hoy a puerta cerrada su estrategia para afrontar una reforma migratoria integral.

Aunque el presidente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner, ha dicho que ese órgano legislativo no estudiará la reforma aprobada por el Senado el pasado 27 de junio, sino que elaborará su propia versión, su bancada afronta presiones por aprobar una ley que legalice a los once millones de indocumentados en EU.

A pocos metros de la reunión a puerta cerrada de los republicanos, centenares de activistas de una veintena de estados protestarán frente al Capitolio como forma de presión para que aprueben la reforma migratoria este año.

También presionan influyentes grupos conservadores como American Action Forum, Americans for Tax Reform, y American Conservative Union, que el martes urgieron a Boehner en una carta a que apoye una reforma que "refleje las contribuciones económicas" de los inmigrantes e incluya una vía para la legalización y ciudadanía de los extranjeros clandestinos.

Por su parte, el presidente de EU, Barack Obama, recibirá esta mañana en la Casa Blanca a los líderes demócratas hispanos del Congreso para analizar el panorama actual del plan reformista.

Horas antes, la Casa Blanca destacó nuevamente los beneficios económicos de la reforma migratoria, incluyendo la reducción del déficit, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la creación de empleos, y "el alto coste de la inacción".

Aunque ambos partidos coinciden en la necesidad de corregir el maltrecho sistema de inmigración, no logran un consenso sobre cómo frenar la inmigración ilegal.

En general, la mayoría de los conservadores en el Congreso y grupos afines creen que los indocumentados no merecen ser premiados con una "amnistía", mientras que los grupos progresistas destacan sus contribuciones al crecimiento económico del país.

El mes pasado, la Cámara Baja aprobó una medida que elimina los fondos del programa de "acción diferida" que ordenó Obama en junio de 2012 y que suspende dos años la deportación de estudiantes indocumentados que llegaron a EU cuando eran menores de edad.

Esa medida no pasará por el Senado, bajo control demócrata, pero dejó de manifiesto la resistencia republicana a la regularización de los indocumentados.

La reforma migratoria se ha convertido en una lucha de poderes entre los que insisten en condicionar la legalización a una serie de hitos sobre la seguridad fronteriza, y los que advierten del riesgo político si los republicanos continúan oponiéndose a la legalización de la población indocumentada.

De hecho, un nuevo análisis del grupo Latino Decisions advirtió el martes de que, debido al creciente peso electoral de los latinos, al menos 14 escaños republicanos de la Cámara Baja podrían estar en peligro en las elecciones legislativas de 2014 si siguen obstruyendo la reforma.

ahd