WASHINGTON (Reuters y Notimex ).— Una unidad de la Administración de Control de Drogas (DEA) entrega datos interceptados de inteligencia, informantes y una base de datos de registros telefónicos a las autoridades de todo el país para ayudarlas a realizar investigaciones criminales de Estados Unidos.

Aunque estos casos rara vez involucran temas de seguridad nacional, documentos revisados por Reuters muestran que agentes de la ley han recibido directivas para ocultar cómo comenzaron ese tipo de investigaciones, no sólo a abogados defensores sino también, en ocasiones, a fiscales y jueces.

Los documentos sin fecha muestran que agentes federales están entrenados para “recrear” la pista de la investigación para efectivamente encubrir el origen de la información, una práctica que algunos expertos dicen que viola un derecho constitucional de los acusados a un juicio justo.

“Nunca he escuchado nada como esto”, dijo Nancy Gertner, una profesora de la Escuela de Leyes de Harvard que fue jueza federal de 1994 a 2011. Gertner y otros expertos legales dijeron que el programa suena más alarmante que la reciente revelación de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) había estado recopilando registros telefónicos domésticos.

Las operaciones de la NSA tiene como objetivo detener a los terroristas, mientras que el programa de la DEA apunta contra criminales comunes, principalmente traficantes de droga. “Una cosa es crear reglas especiales para la seguridad nacional”, dijo Gertner. “El crimen común es completamente diferente. Suena como que están falseando investigaciones”, agregó.

La unidad de la DEA que distribuye la información se llama División de Operaciones Especiales, o SOD (por su sigla en inglés). Dos docenas de agencias asociadas componen la unidad, incluyendo el FBI, la CIA, la NSA, el IRS (dirección general impositiva) y el Departamento de Seguridad Nacional. Fue creada en 1994 para combatir los cárteles de droga latinoamericanos y ha crecido desde una oficina con decenas de empleados a varios cientos.

Actualmente, gran parte del trabajo de SOD es clasificado y los funcionarios pidieron que su ubicación exacta en Virginia no sea revelada. Los documentos analizados por Reuters están señalados como una categoría que implica que sean mantenidos como confidenciales.

El documento instruye directamente a los agentes a que omitan el involucramiento de SOD en reportes de investigación, declaraciones juradas, discusiones con fiscales y testimonios en la corte.

“La DEA está violando nuestro derechos fundamental a un juicio justo”, sostuvo Ezekiel Edwards, director del Proyecto de Reforma de Derechos Criminal de la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU). Aseveró que cuando alguien es acusado de un crimen, la Constitución garantiza su derecho a examinar la evidencia del gobierno, incluyendo su origen, así como a confrontar a los testigos que se presentan en su contra.