WASHINGTON (EFE).— El gobierno estadounidense continuó ayer con su presión para impulsar una reforma migratoria integral en el país con un nuevo informe en el que se detallan los beneficios económicos de ofrecer una vía para la ciudadanía de los indocumentados, frente a la opción de la sola legalización.

En el reporte, Gene Sperling, asesor económico del presidente Barack Obama, y Cecilia Muñoz, directora del consejo de política doméstica de la Casa Blanca, precisaron las ventajas económicas de que el Congreso apruebe una reforma que incluya esta vía completa para la ciudadanía.

Según estudios independientes, ofrecer la ciudadanía “incrementaría el producto interior bruto (PIB) en 1.4 billones de dólares y elevaría los ingresos para todos los ciudadanos en 791 mil millones de dólares, en los próximos diez años”, afirmaron Sperling y Muñoz en una nota conjunta en el blog presidencial.

Estos nuevos datos muestran una contribución mayor de la esperada, de producirse esta reforma migratoria completa, respaldada por el presidente Obama y que es considerada como uno de los principales ejes de su segundo mandato. Por contra, si sólo se concede estatus legal a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula en Estados Unidos, “el incremento del PIB sería de 568 mil millones de dólares menos y los ingresos para los estadounidenses se elevarían en 321 mil millones de dólares menos”, agregó el informe.

Además, remarcaron los asesores presidenciales, se crearían 820 mil puestos de trabajo menos en el escenario de legalización que en el de ciudadanía completa, que contempla la generación de cerca de 2 millones durante los próximos diez años.

Como causa de estas mayores ventajas económicas, citaron que “la mayor certidumbre que acompaña la ciudadanía lleva a una mayor inversión, en educación y formación, y la mayor disposición para tomar el riesgo de crear un negocio”.

La propuesta de reforma migratoria con una vía para la ciudadanía fue aprobada en el Senado en junio pasado, pero aún debe ser ratificada por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, donde algunos legisladores han mostrado sus reticencias a una reforma integral y han expresado su preferencia por la posibilidad de otorgar sólo estatus legal.