MADRID.— Hace unos días Inés del Río, una histórica miembro de la organización terrorista vasca ETA, tras pasar 26 años presa en una cárcel española fue puesta en libertad siguiendo una orden del Pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, Francia.

En su sentencia. dicho tribunal daba la razón a la etarra frente al Estado español y declaraba ilegal la doctrina Parot, aprobada en España por el Tribunal Supremo en el año 2006 con el objetivo de impedir que los terroristas pudieran salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años gracias a los beneficios penitenciarios.

En concreto, los 17 magistrados aseguraban que las resoluciones de los tribunales españoles eran contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y obligaban al Estado español a la puesta en libertad inmediata de la etarra. Del Río, detenida en 1987, había sido condenada a más de 3 mil años de cárcel por su participación en el Comando Madrid, con lo que habría tenido que salir de prisión en el año 2008 gracias a los trabajos realizados en la cárcel y a la consiguiente redención de la pena. Sin embargo, la aplicación de la doctrina Parot retrasó su excarcelación hasta 2017, violando sus derechos humanos según el tribunal europeo. Ahora está libre. Pero su puesta en libertad ha llegado cinco años tarde, por lo que el Estado español deberá pagarle una indemnización de 30 mil euros, ya que su detención en los últimos años fue ilegal, según Estrasburgo. Además, los magistrados aseguran que la sentencia es vinculante, que sienta jurisprudencia y que el gobierno español está obligado a acatarla.

La noticia ha provocado una gran polémica en España y una enorme tensión entre el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el oficialista Partido Popular, que ha propuesto declarar personas non gratas a los terroristas excarcelados, y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo que incluso han acusado a Rajoy de no haber hecho lo suficiente para frenar la sentencia de Estrasburgo.

¿Cómo una etarra condenada a más de 3 mil años de cárcel por su participación en el Comando Madrid, uno de los más sanguinarios de ETA y con decenas de asesinatos en su haber, puede ser puesta en libertad?, se preguntan las asociaciones, indignadas, llegando incluso a exigir al gobierno que no acate la sentencia.

“Matar sale gratis”

Son muchas las voces en estas asociaciones que han dicho que la sentencia de Estrasburgo es un triunfo de ETA, de sus cómplices y una derrota de la democracia. Que sin la doctrina Parot hay impunidad e incluso han asegurado que matar sale gratis. Olvidando que la mayoría de estos presos llevan más de 20 años en prisión. Incluso una de ellas, “Dignidad y Justicia”, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que piden la nulidad de la puesta en libertad de Del Río dictadas por la Audiencia Nacional tras la sentencia de Estrasburgo.

También se han entrevistado con el rey Juan Carlos, a quien han pedido que haga de embajador “anti Parot” en el extranjero. Es decir, que actúe en los foros internacionales en defensa de las víctimas. Una labor que correspondería al Ejecutivo y no al monarca, quien sorprendentemente les ha animado a no rendirse tras considerar la sentencia de la Corte europea “un varapalo”.

Sin embargo, numerosos especialistas en derecho penal han recordado que la doctrina Parot ha sido siempre y es inconstitucional y contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y han añadido que la sentencia Parot no sólo no es un triunfo de ETA (una organización que hasta que hace dos años anunció el cese definitivo de la actividad armada cometió durante más de 40 años casi 900 asesinatos como medida de presión para lograr la independencia del País Vasco norte de España), ni de sus cómplices, ni una derrota de la democracia, sino que es un triunfo del Estado de derecho y un triunfo de Europa como entidad moral de obligado acatamiento.

Además, dos centenares de jueces, magistrados, fiscales, catedráticos y titulares de derecho penal han elaborado hace unos días un comunicado en el que subrayan la necesidad de acatar la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y advierten que denunciar el Convenio de Derechos Humanos, como ha pedido alguna asociación de víctimas, “es un regreso a la dictadura”.

Subsidio condicionado

Ante esta situación Rajoy, quien al igual que su partido tradicionalmente ha estado siempre al lado de las víctimas, se encuentra entre la espada y la pared. Está obligado a acatar la sentencia de la Corte europea con la que no está de acuerdo (impugnó el primer fallo) y que sorprendentemente ha calificado de “injusta”, pero también quiere contentar a las víctimas y evitar que la alarma social aumente cuando otros etarras sean puestos en libertad.

Por eso su gobierno está preparando una propuesta que obligue a los etarras que sean excarcelados a arrepentirse de sus crímenes, como condición para que se puedan beneficiar de un subsidio de 426 euros que reciben al mes los presos excarcelados y de otras ayudas.

Lo que Rajoy no va a poder evitar es que en los próximos días, semanas o meses sean muchos más los presos que salgan de las cárceles. Algunos de ellos son delincuentes comunes condenados por graves delitos de sangre como es el caso de Miguel Ricart, que está acusado de secuestrar, violar y asesinar en noviembre de 1992 a las conocidas como “niñas de Alcasser” (Valencia) y condenado a 170 años de cárcel; otros son pederastas y otros violadores.

Pero la mayoría son terroristas de ETA que tienen numerosos asesinatos a sus espaldas. Esto se debe a que la organización armada lleva más de 40 años asesinando, pero fue durante los años 80, en plena transición tras la muerte del dictador Francisco Franco, cuando se produjeron los años más duros de su lucha armada. En aquella época los acusados sólo podían ser condenados a 30 años de cárcel como máximo, ya que ningún gobierno se atrevió a endurecer las penas por delitos de terrorismo, tan reciente como estaba la abolición de la pena de muerte en la Constitución de 1978 aprobada tres años después de la muerte del dictador.

Sólo con la reforma del Código Penal en el año 2003, realizada durante el gobierno del conservador José María Aznar, se elevó la pena máxima hasta los 40 años y se suprimió la posibilidad de redención de penas para delitos de terrorismo. Pero esa reforma no tuvo efecto retroactivo. Es decir, no se pudo aplicar a los delitos terroristas cometidos con anterioridad, que eran la mayoría.

Por ello, en la década del 2000 muchos de los etarras más sanguinarios, como Iñaki de Juana Chaos, quedaron en libertad gracias a las redenciones de penas previstas en el Código Penal. Iñaki, por ejemplo, había sido condenado a 3 mil 129 años de prisión, acusado de cometer 25 asesinatos. Pero sólo cumplió 18 años de cárcel. Y justo cuando iba a ser puesto en libertad, se le acusó de haber escrito desde la cárcel unos artículos por los que fue condenado por un nuevo delito de enaltecimiento del terrorismo y condenado a 12 años, que el Tribunal Supremo rebajó a tres. En total cumplió 21 años.

Para evitar nuevos casos como el de Juana Chaos y atajar la alarma social, el Tribunal Supremo decidió cambiar las reglas del juego y establecer la llamada doctrina Parot en referencia al terrorista Henri Parot, que fue al primero al que se le aplicó. Había sido condenado a 4 mil 800 años de cárcel por los atentados que cometió entre 1979 y 1990 con el resultado de 26 muertes.

Para evitar que se pudiera acoger a la redención de penas establecidas en el Código Penal, en lugar de modificar la ley y evitar así que terroristas como él fueran puestos en libertad, los jueces del Tribunal Supremo optaron por aplicar la nueva doctrina que establece las redenciones de penas pero aplicadas sobre cada una de las penas y no sobre los 30 años máximos de cárcel previstos en la ley.

Ahora Estrasburgo dice que aquello fue ilegal. Y muy pronto muchos de esos etarras serán puestos en libertad sin que el gobierno de Rajoy ni los jueces puedan hacer nada por evitarlo. Habrá que confiar en que los partidos de la izquierda aberzale (radical) y otras organizaciones vascas no conviertan sus excarcelaciones en homenajes a personas que, aunque ya han cumplido sus condenas, tienen muchos asesinatos a sus espaldas. Las víctimas no podrían soportarlo.