BASAVILBASO, Argentina.— El peón rural Fabián Tomasi no estaba entrenado para usar equipo protector cuando llenaba de pesticidas los rociadores de cultivos. Hoy, a los 47 años, es un esqueleto en vida.

La maestra de escuela Andrea Druetta vive en la provincia de Santa Fe, corazón de la zona de cultivo de soja en Argentina, donde está prohibido rociar agroquímicos a menos de 500 metros de las zonas pobladas. Hace poco, no obstante, sus hijos fueron bañados con pesticidas mientras nadaban en su alberca. Sofía Gatica, cuyo bebé falleció a poco de nacer, hizo una denuncia que dio lugar a la primera condena que hubo en Argentina por el uso ilegal de sustancias agroquímicas. Pero el veredicto del año pasado llegó demasiado tarde a su pueblo, Ituzaingó Anexo: un estudio del gobierno encontró que el 80% de los niños examinados tenían pesticidas en su sangre.

La biotecnología estadounidense hizo de Argentina el tercer productor mundial de granos de soja, pero las sustancias químicas que alimentan ese auge van más allá de los campos de cultivo de soja, algodón y maíz. The Associated Press documentó decenas de casos en los que se emplean sustancias tóxicas en maneras específicamente prohibidas por la ley, con pocos controles del Estado. Ahora los médicos advierten que el uso descontrolado de pesticidas puede ser la causa de los crecientes problemas de salud que vienen experimentando las 12 millones de personas que viven en la vasta región agrícola de Argentina.

En la provincia de Santa Fe, las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces más altas que el promedio nacional. En el Chaco, los defectos de nacimiento se cuadruplicaron desde hace 17 años cuando el uso de la biotecnología, aplicada al campo, se disparó. “El cambio en la forma de producir francamente ha cambiado el perfil de enfermedades”, dijo Medardo Ávila Vásquez, pediatra y cofundador de Médicos de Pueblos Fumigados, parte de un creciente movimiento que exige la aplicación de normas seguras en la agricultura. “Nos hizo perder una población bastante sana. Ahora vemos una población con altas tasas de cáncer, niños que nacen con malformaciones y con enfermedades que eran muy infrecuentes”.

Una nación que era conocida por su ganado alimentado con pasto fue transformada desde 1996, cuando la empresa Monsanto, con sede en Saint Louis, Missouri, convenció a Argentina de que la adopción de sus semillas y sustancias químicas patentadas aumentaría las cosechas y reduciría el uso de pesticidas. Hoy, toda la cosecha de soja y casi toda la producción de maíz y algodón están modificados genéticamente. Las áreas de cultivo de soja se triplicaron y abarcan 19 millones de hectáreas. Pero mientras que el uso de agroquímicos bajó al principio, repuntó y se multiplicó por ocho después.

De los 41 millones de litros de 1990 se pasó a casi 382 millones en la actualidad, a medida que los agricultores aumentaban sus cultivos y las pestes se hacían más resistentes a las sustancias.

En general, los agricultores argentinos aplican un estimado de un kilo de agroquímicos por hectárea, más del doble de lo que usan los estadounidenses, de acuerdo con un análisis de la AP de datos del gobierno y de la industria de los pesticidas. El pesticida “Roundup” de Monsanto contiene glifosato, una de las sustancias químicas para matar malezas más usadas y menos tóxicas del mundo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y muchos otros organismos la declararon segura si se aplica debidamente.

A pesar del uso generalizado del modelo de Monsanto en Argentina, las normas de seguridad varían dependiendo de la provincia. Algunas de las 23 provincias argentinas prohíben el rociado a menos de 3 kilómetros de las zonas pobladas y en otras se puede rociar a 50 metros. Un tercio no fijan límites y la mayoría no tienen políticas detalladas para el cumplimiento de las normas.

Una ley nacional obliga a quienes aplican sustancias químicas que puedan amenazar la salud adopten “medidas eficaces para impedir la generalizada degradación del ambiente, sin importar costos o consecuencias”. Pero la ley nunca se aplicó a la agricultura, según comprobó la Auditoría General de la Nación el año pasado.

En respuesta a numerosas denuncias, la presidenta Cristina Fernández decretó en 2009 la creación de una comisión para investigar a fondo la aspersión de agroquímicos. La comisión, sin embargo, no se ha reunido desde 2010, según la Auditoría General. El ministro de Agricultura, Lorenzo Basso, dijo que la gente está siendo mal informada. “He leído infinidad de documentos, encuestas, videos en contra de la biotecnología, artículos en medios, en las universidades, tanto en Argentina como en Gran Bretaña, y realmente quienes leen todo esto se encuentran en una ensalada y terminamos confundidos”, dijo.

En una declaración escrita, Monsanto dijo que “no aprueba el mal uso que se haga de los pesticidas o la violación de cualquier ley sobre el uso de plaguicidas, reglamentos o decisiones judiciales” que al respecto se hayan promulgado.

Argentina fue uno de los primeros países en adoptar el nuevo modelo de la agricultura biotecnológica promovido por Monsanto y otras empresas agrícolas estadounidenses.

En lugar de rotar la tierra abonada y rociarla de pesticidas, para luego esperar que las sustancias tóxicas se dispersen antes de plantar, los agricultoras hacen la siembra y luego rocían la zona sin dañar las cosechas, que han si-do modificadas genéti-camente para que pue-dan tolerar determinadas sustancias químicas.

Los agricultores pueden hacer más cosechas, hasta alcanzar un máximo de tres al año, y cultivar incluso en tierras que antes eran consideradas poco rentables. Las pestes, no obstante, desarrollan resistencias de manera más rápida cuando los pesticidas los aplican si pausa y sin rotar la tierra en cosechas genéticamente idénticas en gran escala.

Esto obliga a los agricultores a combinarlos con sustancias más tóxicas, como la 2,4,D, empleada por los militares estadounidenses y bautizada como el Agente Naranja para deforestar las selvas durante la guerra de Vietnam. Un departamento del Ministerio de Agricultura recomendó el uso de etiquetas que adviertan que las mezclas de glifosato con sustancias más tóxicas deben limitarse a “áreas agrícolas, alejadas de viviendas y centros poblados”. Pero la recomendación fue ignorada, según la investigación de la Auditoría General. En los campos, las advertencias no son tenidas en cuenta.

Un estudio epidemiológico encabezado por Damián Verzenassi, director del programa de Medio Ambiente y Salud de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Rosario, que incluyó a 65 mil personas en la provincia de Santa Fe, comprobó que las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces el promedio nacional, incluidos cáncer de pecho, de próstata y de pulmón. Los archivos de los hospitales indican que los defectos congénitos de los bebés se habían cuadruplicado en el Chaco, de 19.1 a 85.3 por cada 10 mil nacimientos, desde que se aprobaron los cultivos modificados genéticamente hace una década.