WASHINGTON.— El histórico proyecto de ley aprobado por el Senado reconfiguraría la fuerza laboral de Estados Unidos en todos sus niveles, al aportar más inmigrantes a numerosos sectores de la economía, desde compañías tecnológicas de punta hasta restaurantes y empresas agrícolas.

En lugar de los trabajadores no autorizados que se encuentran ahora comúnmente en empleos que no requieren especialización en la agricultura o el sector de los servicios, muchos de estos trabajadores estarían en el país de manera legal, algunos de ellos con residencia permanente y aun la ciudadanía.

La inmigración no autorizada a través de la frontera con México disminuiría, a la vez que aumentaría fuertemente la inmigración legal. Este es el panorama que surge de análisis recientes sobre el proyecto inmigratorio de gran alcance aprobado el mes pasado por el Senado con el respaldo de la Casa Blanca.

Aunque el proyecto se propone asegurar las fronteras, rastrear a quienes excedan el periodo de tiempo autorizado por sus visas y negar a los empleadores la capacidad de contratar a trabajadores sin documentación legal, de ningún modo se propone cortar la inmigración. Por el contrario, en las próximas dos décadas aumentaría la población nacional en 15 millones de personas en comparación con la ley vigente, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Aun después de décadas de crecimiento en la población de nacidos en el exterior, el aumento podría sentirse de muchas maneras a lo largo y ancho del país, desde las grandes ciudades que absorberían más diversidad, hasta los pueblos pequeños que todavía podrían estar adaptándose a la llegada de inmigrantes.

“Eso está respaldado en la premisa básica del proyecto”, observó Doris Meissner, miembro del Instituto de Política Migratoria, “que es que es necesario suministrar vías legales para que la gente venga al país, tanto en las categorías de visas temporales de largo plazo o permanentes para satisfacer las necesidades del futuro y evitar los incentivos a la inmigración ilegal”.

El nivel de inmigración dispuesto por el proyecto ha tenido una repercusión política en el debate y probablemente seguirá siendo un tema discutido y disputado en las próximas semanas, cuando la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se esfuerce en determinar cómo responder al proyecto de la Cámara Alta.

Es una cuestión compleja porque el proyecto expande varias categorías de visas temporales y permanentes, cancela otras y crea nuevas. Algunos programas de visas tienen topes y otros no, y algunos se expandirían o contraerían en respuesta a la demanda.

Los oponentes, encabezados por el senador republicano Jeff Sessions, han pronosticado notables aumentos en la inmigración bajo el amparo del proyecto. Sessions advirtió que 57 millones de residentes permanentes y temporales e inmigrantes recién legalizados inundarían el país dentro de una década y privarían de empleos a los estadounidenses.

Los partidarios, incluido el senador republicano Marco Rubio, han desestimado el impacto del proyecto. En respuesta a Sessions, la oficina de Rubio argumenta que dicho plan del Senado “no aumenta significativamente la inmigración anual de largo plazo a EU”. Según la ley actual, aproximadamente un millón de personas reciben la tarjeta de residencia permanente cada año.

Esa cifra probablemente aumentaría de 1.5 a 1.7 millón anual, según el proyecto de la Cámara Alta, en el término de un lustro a partir de su implementación, calcula el Instituto de Política Migratoria. Pero esas cifras no incluyen a quienes lleguen con visas temporales de trabajo, que podrían aumentar en cientos de miles por año bajo el proyecto del Senado, según el mismo instituto. Esta cifra incluye más del doble de visas para trabajadores sumamente especializados, una nueva visa para trabajadores no especializados que podría subir hasta 220 mil por año, y más visas para trabajadores agrícolas.

Hay también decenas de nuevas visas de trabajo para personas procedentes de Irlanda, Corea del Sur y países africanos y caribeños, y en otros sitios que reciben trato especial en el proyecto. Algunos de estos trabajadores podrían acceder a la residencia permanente y a la larga a la ciudadanía.

Por otra parte, el flujo de la inmigración no autorizada decrecería en una tercera parte o incluso a la mitad en comparación con la ley actual, dijo la Oficina Presupuestaria del Congreso. La inmigración no permitida ya ha disminuido desde el 2000 debido a varios factores, incluidas la depresión económica y las medidas de seguridad más estrictas tras los ataques terroristas del 2001.

El proyecto ofrece una vía de 13 años hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que están ahora en situación ilegal, el elemento más controversial del proyecto, ya que muchos conservadores en la Cámara Baja no quieren concederles la ciudadanía.