Nicaragua arde en tensiones políticas. Periodistas y medios de prensa denunciaron que son víctimas de un espionaje político ejecutado por aparatos de inteligencia del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Grupos armados irregulares antigubernamentales se han enfrentado a balazos en el norte del país con el ejército, que reforzó su presencia en esa conflictiva zona.

Ortega, por su parte, tras obtener apoyo empresarial, opositor, sindical y mediático en los líos territoriales que Nicaragua mantiene con Colombia y Costa Rica, salió con un regalo pre-navideño: modificar la Constitución política para impulsar su reelección indefinida, consecutiva e inmediata desde 2017, en un trámite ya en debate legislativo.

“Las intenciones de Ortega son las de instalar una dictadura”, dijo la nicaragüense Dora María Téllez, ex comandante guerrillera y una de las principales disidente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “Es un montaje de una dictadura: no es nada más que eso, es bastante sencilla la situación”, dijo, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“No es que viene la dictadura. Ya hay una dictadura”, recalcó Téllez, quien en 1995 rompió con el FSLN por disputas con Ortega. “Es una dictadura que se ha montado con varios fraudes electorales desde 2008 y represión de libertades públicas, liquidación de espacios democráticos, subordinación de las instituciones a Ortega. Ahora lo que está tratando de hacer Ortega es legalizar eso”, afirmó.

El FSLN asumió el poder en 1979 al derrocar por las armas a la dictadura somocista e iniciar una revolución procubana, pero lo perdió en las urnas en 1990 y lo recuperó vía electoral en 2007, por 5 años.

Tras consolidar el dominio en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y electoral y el mando militar y policial, Ortega logró que un cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2009 le permitiera postularse a la presidencia en los comicios de 2011 y ser reelegido de manera consecutiva, en elecciones que la debilitada y dividida oposición política tachó de fraudulentos.

Con un segundo mandato que inició en 2012 y debería concluir en 2017, el gobernante acrecentó el apoyo doméstico por un sensible factor de nacionalismo al atizar la guerra verbal con Colombia y Costa Rica por litigios territoriales con Nicaragua que se dirimen en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.

En una gestión paralela, Ortega pactó alianzas políticas y económicas con poderosos sectores empresariales internos y sin cesar en su choque con los más influyentes aparatos mediáticos en torno al diario La Prensa y al semanario Confidencial. Reporteros de ambos medios denunciaron ser víctimas de espionaje militar por sus coberturas en las últimas semanas de los choques armados entre tropas del ejército y “alzados en armas” contra Ortega.

“No es esta reforma lo que está determinando la reelección”, alegó el diputado nicaragüense Edwin Castro, jefe legislativo del FSLN, según la prensa oficialista. La reelección, adujo, fue definida por la Corte y “por eso” Ortega es presidente. “Fue el máximo tribunal constitucional de este país que determinó que es correcta la reelección”, insistió.