NUEVA YORK (AP).— La posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense es una condición no negociable para muchos extranjeros que viven en el país ilegalmente y que esperan ansiosamente una reforma a las leyes de inmigración que resuelva sus situaciones. No para Fernando Galindo.

“Un permiso de trabajo. Eso es lo que quiero. Y poder viajar a mi país”, dijo el hondureño de 24 años, que apenas lleva dos años en Estados Unidos y no tiene hijos.

La naturalización —uno de los temas que más fricciones causan entre demócratas y republicanos que tratan de ponerse de acuerdo en torno a una reforma a las leyes de inmigración en el Congreso— es totalmente prescindible para muchos inmigrantes sin autorización legal que no tienen hijos en el país y clave para quienes llevan décadas aquí y tienen hijos estadounidenses, según dijeron inmigrantes y activistas a The Associated Press.

Para los inmigrantes más recientes, que todavía no tienen raíces, la ciudadanía es uno de varios factores a tener en cuenta, pero no el más importante.

Hay inmigrantes sin hijos que consideran que el estatus legal inicial —conocido en inglés como RPI— que obtendrían los interesados en acogerse a un plan de reforma aprobado por el Senado en junio es ya mucho mejor que la situación actual en la que se encuentran: podrían viajar a su país de origen y obtener un permiso de trabajo que les garantizaría vivir en paz y con menor temor a ser deportados.

Algunos de estos inmigrantes, que a veces piensan incluso a regresar de forma permanente a sus países, consideran que medidas que les permitan vivir sin tener que esconderse, aunque no incluyan beneficios públicos ni eventualmente la naturalización, son más que suficientes. Cuando se les pregunta si aceptarían una reforma que no incluya la naturalización, muchos responden que “sí”.

El proyecto de reforma está siendo debatido ahora en la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos y donde ha enfrentado oposición de ese bando durante meses. Para Carmen Chavero, las cosas son distintas. “Yo no quiero quedarme sólo con la mitad. Habría que seguir peleando para que nos den la reforma completa, con ciudadanía incluida”, opinó Chavero. “Mis cuatro hijos son ciudadanos estadounidenses y yo ya no tengo nada en México”.

Angélica Salas, directora de la organización CHIRLA de Los Ángeles, que defiende los intereses de los inmigrantes sin autorización, asegura que padres inmigrantes con hijos nacidos en Estados Unidos se preocupan sobre todo por el bienestar de estos.

“No es sólo la deportación y separación de familias... Si uno es indocumentado y se enferma y no tiene seguro, o ninguna protección, y pierde el empleo... los padres de familia piensan constantemente en cómo proteger a sus hijos”, explicó. Para hispanos con raíces en su comunidad y su barrio, con hijos nacidos en el país que hablan mejor inglés que español y que ya no piensan regresar a sus países natales, la naturalización es sinónimo de oportunidades y una vía para obtener los mismos derechos que el resto de ciudadanos.

El hecho de tener hijos estadounidenses cambia sus perspectivas, aseguran. “Mi hijo ya está adaptado aquí. Esta es su casa y yo no puedo irme sin él”, dijo María Castillo, una madre soltera mexicana de 45 años que vende fruta en la avenida Roosevelt de Queens, en Nueva York. “Es muy importante la ciudadanía. La residencia no basta”.

Para Sandra Bisso, una argentina de 52 años que vive en Miami desde noviembre del 2001, es fundamental que la reforma migratoria incluya un camino a la ciudadanía.

“No me sentiría satisfecha, no me sentiría contenta. Me seguiría sintiendo discriminada por los republicanos” si la reforma no incluyera la naturalización, explicó.

La mujer, que arribó desde Buenos Aires con visa de turista y se quedó, trabaja de mesera de banquetes. Con una reforma, ya no rechazaría trabajos, asegura, algo que a veces debe hacer porque no puede presentar documentos que acrediten que está legalmente en el país y tiene permiso laboral. “Mi vida cambiaría rotundamente”, dijo Bisso, quien fue policía en Argentina y que vive con sus dos hijos de 21 y 22 años, ambos beneficiados por una medida ejecutiva del presidente Barack Obama que frena las deportaciones de algunos jóvenes que llegaron al país de niños y que consideran a Estados Unidos su casa.

Según el proyecto de ley de reforma migratoria aprobado en junio por el Senado, la ciudadanía estadounidense podría concederse a inmigrantes después de que éstos pasaran 13 años con un estatus legal en el país.

El estatus legal provisional que se concedería al principio permitiría a los inmigrantes viajar y trabajar, además de poder solicitar la legalización de esposas, esposos e hijos que también se encuentren en Estados Unidos.

No tendrían, sin embargo, derecho a beneficios públicos.

Las posibilidades de deportación, además, siempre existen a menos que uno sea ciudadano estadounidense. Al cabo de una década de renovar ese estatus provisional podrían solicitar una tarjeta de residencia permanente.

Aun así, el proyecto de ley del Senado ha quedado en limbo. La iniciativa está siendo estudiada en la Cámara de Representantes, donde varios republicanos dicen que están en contra de conceder la naturalización a personas que violaron las leyes al cruzar la frontera ilegalmente.

Salas, la activista que ayuda a inmigrantes en Los Ángeles, opina que la supuesta oposición de los republicanos a la naturalización es sólo una estrategia política para dividir a activistas y oponerse a los demócratas.