SAN JOSÉ.— La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) hará una profunda investigación sobre la trata de personas con fines de extracción y tráfico de órganos en Centroamérica para crear un inventario regional de centros públicos y privados de salud, médicos, equipos, cifras de trasplantes y otra serie de datos para elaborar una diagnóstico sobre una modalidad de la delincuencia organizada transnacional que presuntamente opera en el istmo.

La OIM, instancia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que indaga sobre asuntos migratorios mundiales, aceptó este mes una propuesta que Costa Rica le presentó en junio pasado, a fin de identificar el escenario de la zona frente a una de las más desconocidas prácticas criminales de dimensión global.

La decisión sobre el estudio, que empezará a principios de 2014, fue adoptada por el director general de la OIM, William Lacy Swing, y comunicada la semana anterior al gobierno de Costa Rica por el director de la oficina en esta capital de ese organismo para Centroamérica, América del Norte y el Caribe, Robert Paiva.

“Es una investigación a profundidad de cuáles son todos los centros médicos que existen en la región centroamericana, públicos y privados, con capacidad técnica y profesional de hacer este tipo de labores y cuáles son los niveles de fiscalización que las instituciones centroamericanas encargadas de salubridad e investigación judicial están dándole a estas clínicas”, dijo el viceministro de Gobernación de Costa Rica, Freddy Montero.

La iniciativa costarricense surgió luego de que EL UNIVERSAL publicó, a finales de mayo anterior, que Costa Rica se convirtió en los últimos años en país anfitrión del tráfico de órganos encubierto en turismo de trasplantes. A inicios de junio, y en una investigación sin precedentes que todavía prosigue, la Fiscalía General de Costa Rica detuvo a un médico y a una policía como presuntos integrantes de una red trasnacional, instalada en Israel, de trata de personas para extracción de órganos.

En una entrevista con este diario, Montero informó que en Centroamérica “es importante determinar cuántas clínicas hay, cuántas están en capacidad técnica de hacer (un trasplante), cuántos profesionales hay por país con conocimiento para hacerlo, cuántos son extranjeros”.

También se determinará si hay “controles” sobre el número de personas a las que se extraen órganos y cifra de donantes y “cuáles son los sistemas de control de las autoridades de sanidad y de qué forma esto se relaciona con la información que tengan las fuerzas de seguridad de cada país”, agregó.

La meta, explicó, es establecer “una sola base de información que facilite la toma de decisiones técnicas y políticas. Es armar una plataforma común para saber cómo está cada país. Somos países pequeños y podemos generar buenas prácticas de coordinación. Lo que pasa en Panamá y en Nicaragua repercute en Costa Rica. El diagnóstico de primera instancia orientará la definición de políticas a todos los países”.