NACIONES UNIDAS/WASHINGTON (Agencias).— La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer por unanimidad una resolución en contra del espionaje masivo a los ciudadanos y en favor de la privacidad en la era digital, justo cuando el gobierno de Estados Unidos adelantó la difusión de un reporte de una comisión independiente que demanda limitar la vigilancia de las comunicaciones telefónicas por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Impulsada por Alemania y Brasil, la resolución de la Asamblea General de la ONU señaló: “Reafirmamos el derecho a la privacidad, según el cual nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”.

El texto, una respuesta a los programas de espionaje implementados por el gobierno de EU para interceptar las comunicaciones de numerosos líderes en el mundo, añade que la vigilancia ilegal es una amenaza “a la libertad de expresión y puede amenazar las bases de una sociedad democrática”. La resolución de la ONU no tiene carácter vinculante y es más que nada una condena de índole moral.

Mientras tanto, la Casa Blanca adelantó la difusión de un reporte de la comisión creada por el presidente Barack Obama para revisar las normas del espionaje de las agencias de inteligencia de su país, entre ellas la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), con el fin de evitar que el contenido del reporte sea distorsionado por filtraciones. Originalmente, el reporte debía ser divulgado en enero próximo.

Las agencias de espionaje estadounidenses no deberían almacenar masivamente los registros de las llamadas telefónicas, indicó ayer la comisión independiente de cinco miembros que además pidió “reformas significativas” en la vigilancia que realizan los servicios secretos.

La comisión dijo que EU debería tomar “medidas significativas” para proteger la privacidad de los ciudadanos y debería revisar su programa de vigilancia a líderes de otros países. Recomendó que la información sobre llamadas telefónicas sea almacenada por empresas privadas o terceras partes y que el gobierno acceda a ella sólo cuando es necesario por cuestiones de seguridad nacional. El grupo pidió endurecer la ley en el uso de las llamadas cartas de seguridad, las cuales dan a las autoridades amplias facultades para demandar registros telefónicos y financieros sin previa aprobación judicial en casos de seguridad nacional.

También recomendó que las autoridades consigan primero un “hallazgo judicial” que muestre “bases razonables” de que la información buscada es relevante para actividades de terrorismo o de espionaje. El reporte pide una supervisión judicial y legislativa mayor y llama a hacer pública más información sobre los programas de vigilancia.

Sin embargo, el panel no recomendó que la NSA deje de recabar por completo los datos telefónicos y de internet, y no está claro si los cambios limitarán el alcance de la recolección de datos. Obama ordenó que el panel hiciera recomendaciones después que hace unos meses se diera a conocer la amplia naturaleza de los programas de espionaje del gobierno, pero no está obligado a aceptar sus propuestas.

Antes de la difusión del reporte, Obama, a quien le fue entregado el documento el viernes pasado, se reunió con los miembros del comité, conocido como Grupo de Revisión de Inteligencia y Tecnologías de Comunicaciones. Obama anunciará en enero qué recomendaciones del mismo son adoptadas.