MADRID.— Hace unos meses Salka Salama recibió un trasplante de riñón en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. Después de dos operaciones fallidas en las que su cuerpo rechazó dos riñones, Salka por tercera vez volvía a recibir una llamada de la Organización Nacional de Trasplante (ONT), una instancia pública española pionera en el mundo en lo que a trasplantes se refiere, en la que le avisaban que había un riñón con el que era compatible.

Una gran noticia para ella, ya que desde que nació ninguno de sus dos riñones le funciona bien, lo que le ha obligado a vivir pegada a una máquina de diálisis.

Unos días después, Salka se fue al hospital y se sometió a la operación. Al ingresar al centro hospitalario nadie le pidió su tarjeta sanitaria, de manera que nadie se dio cuenta de que la tenía caducada. Con la reforma del Sistema Nacional de Salud aprobada hace un año por el gobierno conservador que preside Mariano Rajoy, Salka, al igual que otros 150 mil inmigrantes, había dejado de tener derecho a sanidad y su tarjeta sanitaria había sido dada de baja al no estar cotizando a la Seguridad Social, pues como está enferma no puede trabajar.

De manera que, según la nueva normativa, sólo podría utilizar el servicio de urgencias. Ese descuido del hospital permitió que la joven fuera operada y que la cirugía esta vez fuera un éxito y su riñón nuevo empezó a funcionar.

Sin embargo, lo que Salka no consideró es que cuando se despertó en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), después de más de 13 horas de operación, una enfermera le dijo que se acababan de dar cuenta de que su tarjeta sanitaria estaba caducada. Y que por lo tanto no habría tenido derecho al trasplante. “Si lo hubiéramos sabido no te lo habríamos puesto”, le espetó, aun sabiendo que sin ese trasplante Salka se habría acabado muriendo.

“Me quedé de piedra”, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL. “Es el tercer trasplante que me hacen desde que llegué a España hace 14 años y ahora me dicen que si hubieran sabido que no tenía tarjeta sanitaria no me lo habrían puesto, que me habrían dejado morir”, asegura.

Pero aquella noticia no fue mas que el comienzo de la pesadilla que la joven está viviendo. Además de no tener derecho al trasplante a Salka también le dijeron que, conforme a la nueva ley, no tenía derecho a atención primaria, ni a las medicinas que tiene que tomar “9 pastillas cada día que me cuestan 200 euros al mes”, ni tampoco derecho a la diálisis que necesita para ayudar a su nuevo riñón a funcionar. De hecho, un día fue al hospital y el médico se negó a hacerle la diálisis. Con la nueva ley sólo tiene derecho a urgencias. Nada más.

“Así que con un simple dolor de cabeza tengo que ir a urgencias y como no tengo coche tengo que ir en taxi hasta el hospital de Madrid (reside en el pueblo de Colado Villalba, a 40 kilómetros de la capital) que me cuesta 30 euros”.

A sus 27 años, Salka lleva desde los 9 viviendo en Madrid. Es saharahui y llegó a España hace varios años a una familia de acogida. Vino gracias al programa Vacaciones en Paz puesto en marcha por el gobierno español, y durante su estancia se puso enferma. El propio gobierno se encargó de que una familia española la acogiera para que se ocupara de ella y de su enfermedad. “Soy una enferma crónica y cuando vine a España ya lo sabían”, explica. “De hecho vine a curarme porque en los campamentos de refugiados del Sahara donde yo vivía (un territorio situado al norte de África y ocupado por Marruecos hace 38 años) me hubiera muerto”, añade. “Lo que no entiendo es que ahora el propio Estado que me trajo, primero me haga un trasplante y ahora me quiera dejar morir”, añade. “Porque no darme las medicinas que necesito es dejarme morir”, asegura.

Y es que Salka no tiene familia, trabajo, ni dinero. La mala suerte hizo que su familia de acogida, y con la que vivió hasta hace unos meses, tuviera que abandonarla. “Mi madre adoptiva tiene 83 años, se acaba de separar de su marido y no se puede hacer cargo de mí porque es muy mayor y está muy enferma, así que ha sido una amiga quien me ha aceptado en su casa”, cuenta. Esa amiga es Fátima Mohamed. Una española que tiene 3 hijos y que apenas gana para alimentarlos. “Mi situación es muy complicada, pero no podía dejarla en la calle”, explica Fátima. “Aunque te reconozco que estamos desesperados porque no tenemos dinero para pagar sus medicinas, porque el médico de cabecera no la quiere atender y porque si necesitamos ir a urgencias el hospital más cercano está a 40 kilómetros y no tenemos derecho a ambulancia”, explica la mujer.

“Vivimos aterrados con que le pase algo”, añade entre lágrimas.

Pero el caso de Salka no ha sido el único. Desde que entró en vigor la nueva ley, más de 150 mil inmigrantes han perdido su derecho a asistencia sanitaria en España. El gobierno argumenta que estamos en crisis por eso ha recortado en 7 mil millones de euros el presupuesto dedicado a Sanidad, que ya de por si es uno de los más bajos de la Unión Europea (UE), y 175 mil profesionales han dejado de trabajar en dicho sector.

De hecho, el presupuesto dedicado a Sanidad fue en 2013 el que más se recortó: 22.6%. Por ello, en este último años se han cerrado camas en la mayoría de los hospitales, hay menos médicos, enfermeras y personal auxiliar trabajando, las medicinas ya no las costea la Seguridad Social, se han eliminado las ayudas a los niños con autismo, a los pacientes con enfermedades raras, se han reducido las ayudas a las familias con personas dependientes, se cobra a los pensionistas por las recetas que se les expande, y los jóvenes mayores de 26 años que no coticen deben acreditar falta de ingresos para disfrutar de la sanidad pública, entre otras muchas medidas.

Las organizaciones médicas denuncian que desde que empezó la crisis en el 2006 las enfermedades mentales como la depresión han aumentado 19.4%, igual que el alcoholismo. Y aseguran que la exclusión sanitaria va a tener un efecto demoledor en la salud de los ciudadanos. Además dan cifras como que los recortes han provocado un empeoramiento de las listas de espera. Según el informe de situación sobre listas de espera quirúrgica en el Sistema Nacional de Salud, en sólo 6 meses las listas se han disparado un 17%. Y ahora el tiempo medio de espera para operarse es de 76 días, 3 más que a principios de año, y el 9.40% de los pacientes sufre una espera superior a 6 meses.

En el caso de los inmigrantes en situación irregular como Salka. Es decir, que no estén cotizando a la Seguridad Social porque hayan perdido su trabajo como consecuencia de la crisis económica o porque nunca lo hayan tenido, la nueva ley establece que sólo tendrán derecho a asistencia en urgencias, en maternidad y en atención infantil hasta los 18 años. El resto no. Si los enfermos son crónicos o graves en teoría el Ministerio de Sanidad se compromete a no dejarlos sin tratamiento, aunque la atención se le facturará al país de origen si existe convenio de colaboración. Y si no existe ese acuerdo, como pasa con Salka que es saharahui, el inmigrante será atendido si el médico considera que hay riesgo vital.

Desde que se aprobó la ley el pasado 31 de agosto han sido varios los inmigrantes que han muerto al no ser atendidos por no tener tarjeta sanitaria. Un senegalés de 28 años falleció de tuberculosis después de que tres hospitales de Inca (Mallorca) se negaran a atenderlo porque no tenía tarjeta sanitaria.

Y otros muchos enfermos de cáncer, de sida, de meningitis, de hepatitis, o incluso de una simple gripe han tenido que pagar para ser atendidos o se les han denegado las medicinas por no poder pagarlas.

La organización Yo Sanidad Universal denuncia situaciones dramáticas como cuando el hospital pidió a unos padres 132 euros por atender a su bebé de 8 meses que tenía temperatura y los padres tuvieron que ir a un cajero automático a por el dinero , o el caso de Hanane, de 29 años y con un cáncer de mama a la que le negaron la quimioterapia, o el de Mohammed de 33 años que es diabético, está desempleado y no le quieren dar los medicamentos, o el de Lidia, que tiene tuberculosis y como no tiene tarjeta sanitaria los médicos se negaron a verla.

Ante esta situación muchos médicos han decidido seguir atendiendo a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria y acogerse a la objeción de conciencia. Y muchas comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular han asegurado que no cumplirán una norma que consideran racista y sobre todo, que vulnera derechos constitucionales y supondrá problemas de salud pública. También los ciudadanos llevan todo el año manifestándose en contra de esta nueva ley. Son conscientes de que la sanidad española, uno de los pilares del Estado de bienestar, ha dejado de ser gratuita y universal.