En 1976, un carterista de Baltimore fue capturado tras hacer una broma telefónica a su víctima. Y ese caso sentó las bases legales para el actual espionaje global de registros telefónicos con el objetivo de proteger a Estados Unidos de ataques terroristas.

La Corte Suprema eventualmente escuchó los argumentos de Michael Lee Smith y determinó que el gobierno tenía derecho a colectar los registros telefónicos del sospechoso para vincularle con el crimen. Y desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) ha utilizado este precedente para justificar la recolección de metadatos -como la duración de las llamadas y los números telefónicos utilizados para hacerlas y recibirlas- de cientos de millones de estadunidenses y extranjeros.

Pero un juez federal e incluso un fiscal que trabajó en el proceso del carterista dicen que el gobierno se ha extralimitado.

Ahora, pudiera requerirse un nuevo fallo de la Corte Suprema para resolver si el caso de Baltimore de hace tres decenios es hoy aplicable al espionaje global del gobierno.

La NSA ha argumentado que las personas renuncian a derechos de privacidad cuando dan voluntariamente sus números telefónicos e identificaciones cibernéticas a negocios.

"Decir que ese robo menor en la calle es un precedente para lo que entonces era imprevisto y para la recolección masiva de datos es, por Dios, simplemente una exageración, por decir lo menos" , dijo el ex fiscal general de Maryland, Stephen H. Sachs, quien defendió el uso que dio el gobierno a los registros telefónicos para arrestar y sentenciar a Smith, durante una presentación de argumentos ante la Corte Suprema. El tribunal le dio la razón en un fallo 5-3 en 1979. Un juez se retiró del caso.

"Para los propósitos actuales, hay que decir que la escucha de la información de un sospechoso es diferente de la recolección de datos que se hace con cada estadounidense que utiliza teléfono o internet" , agregó Sachs. "Hay distinción de volumen, de contexto. Pero eso es lo que la Corte Suprema tendrá que decidir" .

La presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, también pidió al máximo tribunal emitir una opinión al respecto. Indicó que otros jueces han ratificado el derecho del gobierno a recolectar registros telefónicos que ella considera necesarios para salvaguardarse de las amenazas.

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