La Procuraduría de Justicia de Arizona ha solicitado al Colegio Comunitario Pima que explique por qué ha concedido tarifas de enseñanza reducidas a estudiantes que fueron traídos sin permiso a Estados Unidos cuando eran niños, los llamados "dreamers".

Esta escuela de enseñanza superior en Tucson recibió en fecha reciente una carta de la oficina del procurador de Justicia, Tom Horne.

El funcionario desea que el consejo rector del Colegio Comunitario Pima (PCC, por sus siglas en inglés) explique por qué concede las tarifas de enseñanza reducidas -normalmente aplicables a alumnos oriundos del estado- a estudiantes que obtienen permisos de trabajo de acuerdo al programa federal de suspensión temporal de deportación, dirigido a jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus padres.

Horne ya demandó al sistema de colegios comunitarios en el condado de Maricopa por adoptar la misma medida.

Unos 150 estudiantes que se inscribieron en el PCC recibieron las tarifas de enseñanza reducidas que se conceden a los alumnos del estado desde que el consejo rector aprobó la práctica en febrero.

Unos 27.000 estudiantes asisten al colegio en el actual semestre. El programa federal dirigido a asistir a jóvenes inmigrantes comenzó en 2012.

limh